La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) exigió al Gobierno provincial “el pago inmediato” de lo que se pactó en la reunión paritaria del 6 de marzo: que no más allá del 15 se iba a pagar lo acordado a través de planilla complementaria
En el encuentro paritario del 6 de marzo, el Gobierno se comprometió con los docentes de la provincia a pagar no más allá del 15 de marzo si aceptábamos la propuesta de recomposición salarial. Fue uno de los puntos centrales que recorrió las asambleas en las escuelas del departamento Paraná. Esto habla de las necesidades desesperantes de trabajadores y trabajadoras cuya quita salarial respecto del mes anterior, fue de 40 mil a 150 mil pesos”, señalaron desde Agmer.
La aceptación de la propuesta implicaba para muchos docentes poder llegar al trabajo. Cuando se habla de garantizar los 190 días de clases, ¿cómo se supone que llegarán los docentes a las escuelas? El salario, además de ser una necesidad vital de los y las trabajadoras, constituye parte fundamental del derecho a la educación”, afirmaron luego.
Al no cumplir con su palabra, el gobierno atenta no solo contra los docentes, también contra los estudiantes porque pone en peligro la posibilidad de que los docentes lleguen a sus lugares de trabajo. Solo para llegar hasta la ciudad, hay maestros y maestras que pagan a diario entre 3.000 y 9000 pesos. A eso hay que sumarle los pasajes urbanos y el regreso a dedo. El poder político no solo ignora esta realidad, sino que desprecia, al no pagar lo acordado en paritarias, el enorme esfuerzo que hacemos los trabajadores de la educación”, señalaron desde el gremio docente.
En este marco, exigieron que “de manera inmediata el gobierno de la provincia cumpla lo firmado en el acta paritaria del 6 de marzo: ‘En el caso de aceptarse la propuesta, lo acordado será abonado a través de planilla complementaria, no más allá del 15 de marzo del corriente año’”.
Finalmente, desde Agmer se declararon “en estado de alerta y movilización hasta que el cumplimiento se haga efectivo” y advirtieron: “Jugar deliberadamente con el salario de las y los trabajadores en tiempos de crisis es una actitud criminal que no permitiremos”.
