En las instalaciones de la Seccional Villaguay, AGMER realizó un encuentro convocado por la Secretaría de Condiciones Laborales de la Comisión Directiva Central fijando sus ejes en la infraestructura escolar y la salud laboral, con la participación de secretarias y secretarios generales y responsables de Condiciones Laborales de las seccionales de nuestro sindicato.
Fueron parte en este encuentro por la CDC de AGMER su secretario general, Marcelo Pagani; Secretaria Adjunta, Ana Delaloye; de Condiciones Laborales, Leandro Pozzi; de Educación, Lorena Molina; de Acción Social, Delfina Olivera; así como la Vocal Gremial de los Trabajadores de la Educación en el CGE, Susana Cogno; integrantes de equipos de trabajo de infraestructura y salud laboral del sindicato.
En la reunión se analizó un contexto de ajuste y recorte de derechos por parte de los gobiernos actuales, quienes trabajan en la reinstalación de políticas neoliberales que conciben al estado como expresión mínima y proponen para la docencia una mirada que busca expropiarnos de nuestra condición de trabajadores de la educación.
En tal sentido se expresó que “nuestra mirada sobre el trabajo docente y las condiciones escolares que producen afecciones en nuestra salud física y mental se diferencia de aquellas tendencias que proyectan culpas sobre los trabajadores, nos descargan las responsabilidades que no asume el Estado y las patronales en general y conceptualizan sobre nociones descontextualizadas como el mal llamado “ausentismo”, le negación de la carga de trabajo que contiene nuestra labor, sus espacios, tiempos, sentidos y condiciones.
Los proyectos políticos neoliberales, en sus distintas variantes, tiene como prerrequisito para su implementación el desconocimiento de las y los docentes en su carácter de trabajadores de la educación, con sus derechos laborales y su participación efectiva en los procesos de trabajo pedagógico laboral”.
Se definieron líneas de acción para colocar el centro de nuestras demandas en la prevención de la salud laboral docente, la defensa de nuestro régimen de licencias y el cumplimiento del Acuerdo Paritario de Infraestructura, lo que requiere el consecuente financiamiento educativo desde el Estado que garantice escuelas sanas y seguras.
