El Gobierno fijó este jueves un incremento del 7,9% de la bolsa de harina 000 para este mes, lo que implica una variación de 55,5% acumulada en los primeros 8 meses del 2023. Es decir, por debajo de la inflación general de 60,2% que hubo entre enero y julio, según informó días atrás el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De esta manera, quedó establecido un valor de $ 2.471 para las bolsas de 25 kilos y de $ 96.986,75 en el caso de la tonelada, tomando como referencia una cotización del trigo de $52.109,91 por tonelada.
Los aumentos, dispuestos por la Resolución 1327/2023 de la Secretaría de Comercio, tomaron como referencia las variaciones del precio FAS del trigo en un 40%, la de la inflación mayorista en un 30%, y la de los salarios en el otro 30%.
Los precios en todas las variedades son sin impuestos, a la salida del molino y sin costos de entrega; y se les debe incorporar los siguientes costos logísticos por región: Ciudad y provincia de Buenos Aires, 3,50%; Centro, Cuyo y Litoral, 5,50%; NEA y NOA, 7% y Patagonia, 10,5%.
Estas actualizaciones se dan mensualmente en el marco de la implementación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), solventado con un 1,3% de las retenciones a los derivados de la soja.
Este fideicomiso “procura garantizar un valor de referencia para el trigo en el mercado interno que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan”, según indicó Tombolini en la disposición publicada en el Boletín Oficial.
Sin embargo, la herramienta genera controversias en la cadena de valor del trigo. Mientras los productores agropecuarios y una parte de los molinos se oponen, ya que consideran que no logra el objetivo planteado y distorsiona el mercado, otra parte de la industria, como los panaderos, la consideran necesaria para amortiguar los efectos de la inflación.
En su resolución, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, además destaca que el Estado nacional viene adoptando “una serie de políticas públicas que buscan estabilizar los precios de los productos a favor del consumidor, como el Programa Precios Justos, creado por la Resolución N° 823, de fecha 10 de noviembre de 2022 del ministerio de Economía”.
De hecho, luego de la devaluación del dólar oficial, el Gobierno negocia con diferentes sectores para amortiguar la suba del tipo de cambio.
