Tal como había adelantado el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el procurador general porteño, Gabriel Astarloa, denunció penalmente este martes en Comodoro Py al presidente Alberto Fernández por el delito de desobediencia del fallo de la Corte.
Así, la denuncia se suma así a otras similares radicadas por referentes de la oposición, como Elisa Carrió.
Las presentaciones quedaron a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien delegó el caso en el fiscal Ramiro González. La denuncia alcanza a funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la Nación que han sido notificados de la resolución judicial de la Corte Suprema.
En el juzgado 6, que está siendo subrogado por Rafecas, se unificaron varias denuncias, que incluyen a la realizada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet por el cargo de sedición y traición a la Patria.
Coparticipación: el Gobierno apela el fallo y recusa a los jueces de la Corte, pero paga a la Ciudad
El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
Este lunes, Fernández anunció que el Gobierno apelará el fallo sobre coparticipación y recusará a los jueces de la Corte Suprema, pero transferirá los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. "Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y, por lo tanto, está viciada", sostuvo.
"Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", expresó el mandatario.
Fernández explicó que "si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas". Argumentó que "el actual estado de las cuentas públicas" hace que la resolución "sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento".
