El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos presentó el 27 de diciembre de 2022, en la Unidad Fiscal de Villaguay, una denuncia penal por haberse constatado el ejercicio ilícito de la profesión de Contador Público. Si ben la noticia es oficial no se dio a conocer por el colegio la identidad de la persona involucrada.
El CPCEER, desde 2020, a través de la Resolución Nº 1.540 creó una Comisión para el Control y Fiscalización de las Profesiones en Ciencias Económicas denominada “Policía de Matrícula”, que se encarga de verificar el ejercicio de la profesión y dar un correcto tratamiento de las causas y denuncias sobre presunto desempeño irregular y seguimiento de las mismas.
En el marco de esa Resolución, se recibió la denuncia de que en un domicilio de la ciudad de Villaguay, se estaban realizando tareas propias de las incumbencias de Contador Público, donde la persona responsable del lugar no posee el Título Profesional habilitante y, obviamente, tampoco la matriculación, ambos requisitos exigidos para un desempeño correcto, violentando la Ley Nacional N° 20.488 y la Ley provincial N° 7.896 que regulan el ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas.
Con ese motivo se dio intervención a la Comisión para el Control y Fiscalización de las Profesiones en Ciencias Económicas, que procedió a cumplir los pasos previstos para estas situaciones y, a través de un Fiscalizador reunió diversas pruebas, como verificaciones de inscripciones en AFIP, ATER, constataciones realizadas por escribano público, publicidad, documentación aportadas a la denuncia bajo análisis, etc.
Luego del análisis de toda la documentación reunida, se concluyó que, "en el domicilio de Concepción del Uruguay N° 43 de Villaguay, se está ejerciendo de manera ilegal la profesión de Contador Público".
Por este motivo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, a través de sus Asesores Legales, presentó una denuncia formal contra quienes resulten responsables y/o coautores y/o cómplices de la comisión de los delitos previstos y reprimidos por los artículos 247 del Código Penal que penaliza no solo a quienes se arroguen un título profesional que no poseen sino también a los que, aun siendo profesionales, no se encuentren habilitados para su ejercicio, publicó R2820.
