El Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo que incentiva las exportaciones de soja para que ingresen dólares a la economía. Formalizó la decisión a través del decreto 443/23, publicado este martes en el Boletín Oficial, según lo había anticipado el ministro Sergio Massa el domingo 26 de agosto.
Tras una semana de negociaciones y confusiones sobre la modalidad operativa, el Gobierno logró acordar con las empresas agroindustriales la implementación de una nueva versión del programa de incremento exportador: este sería el dólar soja 4.
El punto principal no cambió: en vez de crear un nuevo tipo de cambio más alto, como sucedió en ocasiones anteriores, se habilitó la posibilidad de disponer libremente del 25% de las divisas, mientras que el 75% restante se deberá liquidar al tipo de cambio oficial, como hasta ahora.
Eso implica un tipo de cambio de alrededor de $450 por la combinación de ese 25% a un dólar de $770 y el 75% restante al tipo de cambio oficial de $350. Es lo que obtendrán los exportadores de soja y productos derivados, como el biodiésel, por la prefinanciación, postfinanciación de exportaciones o anticipos de liquidaciones de operaciones de ventas al extranjero.
La intención es que las empresas del complejo agroindustrial de Rosario puedan comprar más soja para procesar, porque entre la sequía que redujo la cosecha a menos de la mitad (20 millones de toneladas, menos que las 43 millones de toneladas del año anterior y lejos del récord de 60 millones de toneladas alcanzado en la campaña 2014/2015).
Sucede que la devaluación desalienta a los productores a desprenderse de granos con valor dolarizado, entonces las fábricas aceiteras están trabajando a muy baja intensidad y han necesitado incluso importar soja cultivada en otros países para mantenerse operativas.
Así, los agroexportadores mejorarían el precio de compra de la soja argentina en un 25% aproximadamente, lo cual llevaría el valor por tonelada a alrededor de los $150.000. En el Gobierno creen que de esa manera se podría alentar una mayor comercialización de soja, al menos de una parte de las 9 millones de toneladas que quedan en acopio en la Argentina, para que ingresen entre 2 y 3 mil millones de dólares durante septiembre.
Agroexportadores: “Cada empresa decidirá si ingresa y de qué manera”
La cámara de agropexportadores CIARA-CEC aclaró que como las disposiciones que contiene el decreto indican que “no estamos frente a un típico programa exportador como las versiones anteriores, cada empresa decidirá individualmente si ingresa al esquema y de qué manera operará”.
Puntualizaron que “cada exportador tomará esa decisión sobre la base de sus necesidades de molienda y/o del programa de exportación de soja y subproductos de la soja de origen argentino”.
Por ello, desde CIARA CEC advirtieron que no emitirán análisis o datos. De todos modos, reiteraron que como industria creen que “la mejor política es la unificación cambiaria y la eliminación de todo tipo de restricciones, para que podamos ser realmente un país agroexportador que piensa en el beneficio integral y de cada uno de los sectores que conforman una gran cadena”.
Y concluyeron: “Pensar y ejecutar una política exportadora inclusiva y federal, además de generar mayor ingresos de divisas y más empleo, nos permitirá consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos, biodiesel y tecnología”.
Entidades del agro no avalan la medida
El consejo directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sugirió a los productores “comercializar lo mínimo indispensable”. Recomendó a sus asociados “necesaria prudencia al momento de comercializar sus productos tras las confusas medidas anunciadas desde el Gobierno”.
En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) remarcó que “nuestra economía necesita contar con un único del tipo de cambio sin restricciones ni derechos de exportación”. Con todo, esperan “que el mercado se normalice porque hace una semana que está paralizado y los productores necesitamos tener precios de referencia”.
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, consideró que “la instrumentación de estos anuncios son un beneficio para el Gobierno y la industria, no garantizando nada a los productores. Seguimos esperando medidas que beneficien de manera integral a todo el sector y no en beneficio de unos y detrimento de otros”.
