Al mismo tiempo que la mira generalizada de los agentes económicos se concentra en el impacto de la devaluación dispuesta ayer por el Gobierno en el nivel de precios, el INDEC dará a conocer un dato que, tras los acontecimientos de las últimas dos semanas, mostrará una foto casi descolorida por lo desactualizada.
Aun así, esa misma foto expondrá un empeoramiento de la principal variable que impacta en el bolsillo de los argentinos: lejos del 6% de aumento que registró el IPC en junio, el mes pasado el índice de inflación se ubicaría nuevamente en torno al 7%.
En el Gobierno, esperan un 6,8%. La categoría alimentos y bebidas, cuyos precios se habían aplacado en las mediciones anteriores, volverá a denotar un recalentamiento y se ubicaría por encima de ese valor.
Sobre la última semana del mes, las medidas adoptadas para paliar el drenaje de reservas -el dólar agro a $340 y la devaluación fiscal que implicó la aplicación del impuesto PAIS al 7,5% y 25% a las importaciones según su carácter- impactaron en los precios, con particular destaque para el salto en el valor de la carne. También el salto de la brecha cambiaria y la fuerte presión del dólar informal, prevén fuentes oficiales, tuvo algún efecto sobre fines de mes.
Sin embargo, los verdaderos coletazos no sólo de esas medidas sino, fundamentalmente, de la devaluación que empezó a regir ayer con la corrección del dólar oficial a $350 se sentirán en el índice de este mes.
La suba de 22% respecto del cierre del viernes tendrá, prevén los analistas, un traslado a precios más temprano que tarde y llevaría el indicador a los dos dígitos por primera vez en 20 años. Esa dinámica, prevén los economistas, se extendería al menos hasta octubre.
Es que, sobre el salto discreto del tipo de cambio se monta también la suba de impuestos dispuesta a principios de mes para las importaciones. Esa suba, a contramano de lo prometido por el equipo económico a los fabricantes de alimentos y otros productos básicos de consumo, se aplica sin excepciones.
Esto a pesar de que desde la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini acordaron con la cámara que agrupa a las empresas del sector, Copal, que dirige Daniel Funes de Rioja, la confección de una lista de insumos a ser exceptuados del recargo.
El listado terminó incluyendo unos 3.000 ítems, de los cuales apenas un 1% logró la eximición del impuesto. Esa situación provocó malestar entre las compañías.
“Yo importo atún para procesar o algún aditivo para mermelada y me pasan el impuesto. El atún envasado de Ecuador, entra por un tubo y queda a mitad de precio en la góndola”, señalaron en una de ellas.
