Por Nicolás Omar Rios
Según el voto emitido el 3 de Octubre de 2023 por el Fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, el Sr. Domingo Daniel Rossi está inhabilitado para competir por la reelección por la intendencia de Santa Elena para el periodo 2023-2027.
Dice qué, Rossi fue electo en el período 2003/2007 y pudo ser reelecto en el período 2007/2011 merced a la reforma introducida por la Ley 9.728 al art. 109 de la Ley 3.001. Más esa reforma computó, según el art. 162 de la Ley 3.001, al período 2003-2007 como "primer período" por lo cual la reelección ocurrida en el año 2007 debe ser computada como tal, impidiendo ulteriores reelecciones, incluso la que se intenta para el período 2023-2027.
Sin embargo, este criterio no fue compartido los otros dos jueces que integran la Junta Electoral Municipal de La Paz, la Jueza Civil Silvia Vega y el Defensor Martin Millán, que emitieron el voto mayoritario en una resolución vergonzosa donde claramente evitaron expedirse sobre el fondo de la cuestión, es decir si Rossi puede ser nuevamente reelecto o re-reelecto, y se limitaron a rechazar todas las impugnaciones considerando que fueron “extemporáneas”, que se hicieron fuera de término.
El fiscal Barbosa en su voto replicó estos débiles argumentos concluyendo que debe primar el principio constitucional de periodicidad del mandato y en casos en los cuales se halla involucrado el cumplimiento por parte de los candidatos de requisitos constitucionales los planteos de extemporaneidad y falta de legitimación no han de ser acogidos. De esta forma el Fiscal Barbosa asumió la responsabilidad institucional de expedirse sobre el fondo de la cuestión, admitiendo las impugnaciones y rechazando la candidatura de Rossi debiendo completarse la fórmula para el PE municipal, en lo referente al cargo de Vicepresidente Municipal con el primer suplente (candidato a primer concejal).
La cuestión, de evidente interés institucional, ahora pasará en instancia de apelación al Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos quien decidirá si finalmente efectúa el control de la legalidad de la candidatura de Rossi o si -al igual que la Junta Electoral- se lava las manos y le traslada a los ciudadanos la responsabilidad efectuar dicho control recurriendo a la absurda ficción de que la oficialización de las candidaturas se presumen conocidas por todos y se deben impugnar en el plazo perentorio de las 48 horas como concluyó la mayoría de la Junta Electoral La Paz.Sea cual sea la decisión del Tribunal, es claro que sentará un precedente de indudable trascendencia para la vida democrática de los municipios entrerrianos sobre la periodicidad de los mandatos de los intendentes.-
