Por Nicolas Omar Rios
Este sábado se realizó en barrio Hipódromo una Olla Popular ante un panorama sumamente desolador y sin respuestas de las autoridades de turno e incluso será elevando a través de una nota al Honorable Concejo Deliberante de Santa Elena para que se declare "Emergencia alimentaria".
Con apoyo de C.T.A. de los Trabajadores del Departamento La Paz, y unificando labores con la agrupación "Somos Peronistas" para abrazar una situación que se agudiza con el pasar de los días, en esta oportunidad, 200 personas se acercaron para compartir un almuerzo en un día tiñéndose gris.
“Como agrupación queremos acompañar en esta difícil situación a las familias que menos tienen, que no llegan a comer incluso, hace un rato por ejemplo volvió una pareja preguntado si podía repetir, es algo que nos renueva en compromiso para seguir en la lucha y estando donde hay que estar, en los barrios más vulnerables y con necesidades extremas” expresaron desde “Somos Peronistas” a La Dptal. Noticias.
Desde Hipódromo, en dialogo con la Secretaria General de la CTA de los Trabajadores Dpto. La Paz de Entre Rios, Analía Vallejos, también subrayó un repaso de la situación económica del país, acentuando cada punto con las familias que se acercaban a buscar su porción de comida, coincidiendo lamentablemente en un estado de alerta tanto alimenticio como sanitario.
En el escrito siguiente establece puntos y/o datos para tener en cuenta.En la actualidad nuestra moneda sufrió una drástica devolución de más del 120% en menos de 60 días, la pérdida de 20 puntos reales en los salarios de los trabajadores registrados, y un desplome total de los ingresos de los y las trabajadoras no registradas. A esto se le suma una inflación sostenida, que en enero fue del 30%
Además, por supuesto, debemos tener en cuenta que la Secretaría Nacional de Energía no confirmó de cuánto será la suba, pero señalan los funcionarios nacionales que los aumentos podrían rondar en hasta un 697%, y sobre el gas no está definido. Otro ejemplo es el de los servicios de internet/telefonía que tendrán un incremento que puede ser superior al 25%, los alquileres rondan subas cercanas al rededor del 147,1%, el monotributo aumentó un 110% en función a las nuevas categorías de facturación, la derogación de la ley de góndolas va desregulando la competencia y tiende a favorecer a las primeras marcas impulsando así la suba en los precios de los alimentos, que ya en este breve de inicio de año ronda más del 150%, y en los últimos dos meses, los precios de los combustibles subieron 161,4% en promedio.
Otro dato que debemos precisar para entender este contexto dramático de emergencia económica es que al 16 de enero de 2024 el valor de 1 (una) Canasta Básica Total, según INDEC, es de $495.798,32, lo que provoca una enorme dificultad para que los actuales salarios garanticen el derecho a la alimentación, al cual nuestro país no sólo ha adherido, vía distintos Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sino que la Reforma Constitucional de 1994 los incluyó con jerarquía constitucional al incorporarlos en el Art. 75. Inc. 22.
A esto se le suma el desaliento del Estado nacional en materia de políticas económicas y sociales que incentiven alternativas de consumo y contengan la demanda socio comunitaria, no habiendo ejecutado ni un peso de los $84.100 millones de pesos que están presupuestados para la compra de alimentos para comedores así como tampoco fueron transferidas las partidas, por casi $34.000 millones de pesos destinadas a instituciones sin fines de lucro para la atención de personas de alta vulnerabilidad, generando así un agravamiento dramático de las condiciones de los sectores populares que, claramente, trasladarán esas exigencias de asistencia alimentaria sobre el sector público en la jurisdicción del departamento La Paz.
Es notable que cada vez son más las personas que demandan alimentos en los diferentes ámbitos sociales, ya sean clubes, asociaciones, organizaciones sociales, iglesias y diversas ONG que a la vez son los que sostienen y garantizan, cada día con mayor dificultad, el acceso a este derecho frente a la situación de emergencia económica.-
