En otro fallo de gran trascendencia dictado por Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, el ingeniero agrónomo Norberto Román Valdemarín fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La sentencia dictada por la jueza federal Emilce Rojas, firmada este jueves 23, ratifica la responsabilidad del imputado radicado en Crespo en la captación y acogimiento de un peón rural que vivía en condiciones infrahumanas en la localidad de Crucecita Séptima, departamento Nogoyá.
La investigación penal se inició en octubre de 2021 a raíz de una denuncia recibida en la Línea 145 de asistencia a víctimas de trata. Tras los allanamientos dispuestos por la justicia, se constató que la víctima, L.M, vivía solo en una casilla precaria con ruedas, sin acceso a agua caliente ni ropa adecuada de trabajo.
El informe judicial destaca que el trabajador utilizaba un balde de plástico negro como inodoro en una estructura montada con lonas y palos enterrados en el piso.
La víctima cumplía jornadas de 12 horas diarias, realizando tareas de desmonte y fumigación con agroquímicos sin ningún tipo de equipo de seguridad ni elementos idóneos para su protección. Respecto a la remuneración, se estableció que percibía apenas 1.500 pesos por día, monto que le era abonado por Valdemarín cada tres meses, previo descuento por los gastos de los elementos personales que el empleado requiriera.
El tribunal subrayó que el condenado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien presentaba carencia de recursos de inserción social y no había podido culminar su educación primaria.
A través de un acuerdo de juicio abreviado, Valdemarín reconoció su autoría en el hecho. Además de la pena de prisión, el magistrado homologó una reparación económica para la víctima por un total de 12 millones de pesos, la cual comenzó a abonarse con un primer pago de 2 millones durante la audiencia.
Debido al estado de salud de su esposa y a la discapacidad de su hija, el tribunal concedió que el cumplimiento de la condena sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Asimismo, se ordenó remitir la documentación secuestrada a la Fiscalía Federal para investigar la posible participación de un hermano del condenado en los hechos.
