Ganaderos enojados: en las islas del Paraná también preocupan los impuestazos

Abr 29, 2024

La presión impositiva sobre el sector agropecuario sumó un nuevo capítulo, en este caso en la provincia de Entre Ríos. Según informaron desde la Sociedad Rural de Victoria, a mediados de la semana pasada el municipio de esa localidad aprobó -por mayoría- la Ordenanza 4256/24, que establece nuevos valores a la tasa por uso de […]

La presión impositiva sobre el sector agropecuario sumó un nuevo capítulo, en este caso en la provincia de Entre Ríos.

Según informaron desde la Sociedad Rural de Victoria, a mediados de la semana pasada el municipio de esa localidad aprobó -por mayoría- la Ordenanza 4256/24, que establece nuevos valores a la tasa por uso de corrales y bretes para carga y descarga de animales.

Los ruralistas, junto a la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), el aval de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y el acompañamiento de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), advirtieron sobre el impacto de esta decisión en la ganadería de las islas.

https://twitter.com/Rurales_FARER/status/1783852213640511861?t=YyxpSXgnZgy6pDk5I8xOTQ&s=19

“LA POLITICA NO HA REALIZADO NINGUN GESTO DE AUSTERIDAD”

La rural de Victoria hizo hincapíe sobre lo que consideró un valor desproporcionado de la tasa. “Este servicio que opera bajo la órbita de la Municipalidad de Victoria aplica montos desmedidos que no se condicen con la prestación brindada, somete a la actividad ganadera a una mayor carga fiscal que se suma a una pesada mochila de tasas e impuestos preexistentes”, advirtieron.

Y además señalaron: “Sólo intenta oxigenar las flacas arcas municipales, producto de malas administraciones donde la política no ha realizado ningún gesto de austeridad”.

Para los ruralistas, la nueva ordenanza se trata en realidad de un impuesto encubierto. “Para ajustarse al término tasa, debiera estar acompañado de una contraprestación, hecho que fácticamente no sucede”, puntualizaron.De este modo, a través de un comunicado exigieron a las autoridades municipales que veten “total o parcialmente” la Ordenanza 4256. “De promulgarla, las consecuencias negativas impactarán fuertemente en una de las principales actividades económicas del departamento“, concluyeron.

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