La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves hacia el Congreso de la Nación, con el objetivo central de reclamar la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que ya fue ratificada cinco veces en el Parlamento. La convocatoria principal iniciará a las 13:30 en el cruce de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, además de otras intersecciones cercanas a la Plaza del Congreso, donde confluirán docentes, estudiantes, centrales obreras y organizaciones políticas.
En la previa de la jornada, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) aseguró que el Gobierno nacional acumula una deuda salarial del 32% con los trabajadores del sector, a pesar de haber recibido este miércoles una sanción económica por parte de la Justicia debido al incumplimiento sistemático de la ley.
“El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111”, precisó Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. Asimismo, advirtió que “el nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible” y señaló que la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que sostienen a diario las aulas y los laboratorios.
Los datos económicos respaldan el reclamo gremial: tras conocerse el índice de inflación de septiembre (1,9%), la inflación acumulada durante la actual gestión nacional alcanzó el 344,15%, mientras que los salarios docentes solo registraron un incremento del 236,6%. Sobre esta brecha y sus consecuencias en el sistema educativo, Carboni concluyó: “No estamos ante un hecho aislado, sino ante un plan deliberado de vaciamiento de la universidad pública, donde el éxodo masivo de más de 1.200 docentes e investigadores en la UBA demuestra que sin salarios dignos no hay continuidad posible para la investigación científica ni para la enseñanza de calidad”.
Fuerte respaldo sindical y paro de estatales
Además del reclamo por la recomposición salarial, el aumento de las becas estudiantiles y el presupuesto universitario, la movilización contará con la adhesión de la CGT, las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros espacios.
Por su parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó que los trabajadores estatales acompañarán la marcha con un paro nacional de 24 horas para garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país. El dirigente apuntó también contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al cual calificó como “un delivery para las corporaciones”, y cuestionó que el Poder Ejecutivo intente gobernar por decreto aquello que no logra aprobar mediante los votos.
En sintonía, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, consideró que la presencia en las calles resulta “fundamental para seguir dando la pelea por la derogación del DNU 70/23”, al advertir que la medida impulsa la desregulación económica y la flexibilización laboral en perjuicio de las mayorías populares. Desde la CTA de los Trabajadores agregaron que marcharán “por la educación, la soberanía y la democracia” frente a las políticas de ajuste impulsadas por la gestión de Javier Milei.
Finalmente, la CGT ratificó su participación en defensa de la educación superior al definir a la universidad pública como “una conquista histórica del pueblo argentino” y una herramienta indispensable para la movilidad social ascendente. A través de sus redes sociales, la central obrera enfatizó que acompañar a la comunidad educativa significa defender un derecho inapelable para construir un futuro con desarrollo nacional, justicia social y oportunidades para todos.
