La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un nuevo paro de 24 horas en el Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, para este jueves 10 de julio. La medida de fuerza se da en medio de un conflicto creciente con el Gobierno nacional por la falta de recomposición salarial y condiciones laborales.
Desde la organización gremial confirmaron que la huelga incluirá una movilización y solo se garantizarán servicios esenciales como guardias, urgencias y turnos impostergables.
La protesta también cuenta con el respaldo de médicos, técnicos y profesionales de distintas áreas del hospital. “Pedimos sueldos acordes a la canasta básica y condiciones laborales dignas. No hay respuestas oficiales”, expresaron desde ATE-Garrahan. En paralelo, se realizarán asambleas por turnos para evaluar nuevas medidas.
Designación del nuevo director agudiza la tensión
La protesta se intensificó tras la oficialización de Mariano Pirozzo como nuevo director médico ejecutivo del Garrahan, decisión que fue duramente cuestionada por los gremios. “La designación de Pirozzo responde a una lógica de ajuste y retroceso en salud pública”, sostuvo Alejandro Lipcovich, secretario general de la seccional ATE.
Pirozzo, exinterventor del Hospital Nacional Bonaparte, tiene un perfil técnico y gerencial, con formación en neurocirugía, gestión sanitaria y administración. Sin embargo, desde ATE denunciaron que su designación forma parte de una estrategia del Ejecutivo nacional orientada a reducir costos a costa de la salud pública.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, afirmó que los gremios incumplen con la conciliación obligatoria al sostener medidas de fuerza. “No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial”, señalaron desde la cartera sanitaria.
Cambios en residencias y pérdida de derechos laborales
El trasfondo del conflicto también se relaciona con la situación de los médicos residentes. Tras reclamos por actualización salarial, lograron un bono que fue costeado con fondos del propio Hospital Garrahan.
Sin embargo, el Ministerio de Salud redefinió el régimen de residencias como “becas”, lo que implica la pérdida de derechos laborales. Para acceder al bono, los residentes debían renunciar voluntariamente a su contrato formal, lo cual significaba dejar de percibir recibo de sueldo, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.
La medida generó fuerte rechazo gremial y de colectivos profesionales. Desde ATE y otras agrupaciones advierten que esta política compromete la estabilidad laboral y la formación de nuevos especialistas. “No se puede formar profesionales en condiciones precarias. Esto es un retroceso para todo el sistema público”, afirmaron voceros sindicales.
