Tras un año de investigación, 20 allanamientos y cinco detenciones aún vigentes, la Justicia Federal de Concordia ordenó el procesamiento de los integrantes de dos asociaciones ilícitas dedicadas a defraudar al Estado. Así lo dispuso la jueza Analía Ramponi, en el marco de una extensa resolución que se dio a conocer este viernes, mediante la cual consideró que los nueve imputados serían responsables del delito de asociación ilícita por el otorgamiento de pensiones de invalidez “truchas” ante la ANSES, las que habrían causado una defraudación a la administración pública por sumas millonarias. Entre los procesados se encuentran reconocidos “referentes barriales” de la ciudad de Concordia, con incidencia en la política local y empleados de organismos nacionales.
De acuerdo a lo que se informó a Concordia Policiales, “las organizaciones recibían una contraprestación en dinero para así realizar los trámites y obtener las firmas de los profesionales de la salud, que generaban los presuntos diagnósticos y estudios médicos – presuntamente apócrifos – para acceder al beneficio de una pensión no contributiva”. De esta manera, “muchas personas que no presentaban las patologías consignadas, o tampoco contaban con el grado de discapacidad requerido y supuestamente diagnosticado, lograban acceder al beneficio, cobrando el dinero de todos los contribuyentes”.
A través de la resolución dictada, surgió que cada asociación ilícita contaba con personas que “regenteaban nuevos clientes” a cambio de un porcentaje de dinero, llegando al punto de ofrecer “promociones” en caso de reclutar cierta cantidad de personas dispuestas a realizar la maniobra defraudatoria o acceder a gestionarse un trámite de otorgamiento en forma gratuita a su favor. De esta forma, lograban extender sus maniobras más allá de los límites departamentales de Concordia hacia otras localidades de la provincia.
La jueza federal Ramponi valoró la responsabilidad de cada uno de los imputados y a cada uno de los procesados se los embargó en sumas millonarias que alcanzan los 10 millones de pesos, y cinco de los nueve procesados permanecerán privados de su libertad bajo prisión preventiva.
Aún resta analizar material de interés recolectado de 20 allanamientos que podrá ampliar, eventualmente, el número de implicados y las respectivas responsabilidades de los profesionales de la salud y los presuntos defraudadores, por lo cual no se descarta que pudieran surgir nuevas imputaciones. Las mismas dependerán, esencialmente, del análisis de la mencionada documentación y las decenas de dispositivos electrónicos secuestrados.
