Se trata de dos causas iniciadas por la Asociación de Defensa Consumidores Entrerrianos (Adecen), contra el gobierno de Entre Ríos y el Ente Provincial de Regulación de la Energía (EPRE), mediante las que se pretendía que Enersa y otras distribuidoras eléctricas devuelvan montos de incrementos tarifarios producidos durante el año 2016, que a consideración de la actora, estaban irregularmente percibidos por las prestadoras del servicio eléctrico.
En 2016, las distribuidoras eléctricas dispusieron una serie de incrementos sobre la tarifa eléctrica a raíz de los aumentos de precios de la energía entregada por los generadores a nivel nacional.
Tales incrementos fueron autorizados por el EPRE, pero la Adecen cuestionó su validez por diversos motivos, entre ellos la fecha de publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones que autorizaron los incrementos, y por lo tanto su vigencia.
La jueza de primera instancia, Silvina Rufanach, hizo lugar a la pretensión y condenó a las demandadas a devolver una suma de dinero que actualizada, supera los 3.500.000.000 de pesos.
La Fiscalía de Estado realizó la defensa de la posición de la provincia de Entre Ríos y, entre otras defensas, planteó la caducidad de instancia, es decir, la pérdida del derecho del actor, por el transcurso del tiempo sin impulsar el proceso.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de la ciudad de Paraná, integrada por González Elías, Acevedo y Simón, hizo lugar al planteo del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y declaró la caducidad de instancia.
El efecto producido es similar a no haber presentado la demanda.Rodríguez Signes indicó que el caso tiene importancia porque resuelve la aplicación del instituto de caducidad de instancia en un proceso de defensa de derechos de consumidores, pero sobre todo porque en la práctica importa que Enersa y otras distribuidoras de energía de la provincia de Entre Ríos no tengan obligación de devolver alrededor de tres mil quinientos millones de pesos
