El Ministerio de Economía tiene definido avanzar en los próximos días en detalles finales de un bono que asistirá a personas que en situación de indigencia, afectados por los niveles de inflación, y que no están alcanzados por otro tipo de ayuda del Estado.
Ya está el fondeo para pagarlo y el 1º de octubre se planea una reunión del ministro de Economía, Sergio Massa, con la titular de Anses, Fernanda Raverta, para definir el monto del mismo, el universo a alcanzar y por cuánto tiempo se aplicará. Se estima que llegaría a más de 2 millones de personas.
Tal como se explicitó en el decreto que reglamentó el beneficio cambiario del dólar soja, una parte de los derechos de exportación ingresados por ese concepto irían a fondear las necesidades de ese bono. Y como el dólar soja vence el 30 de septiembre, recién al día siguiente se sabrá cuánto es el total del dinero obtenido para el bono, y allí se podrá calcular su valor final. Si bien eso está atado a la evolución del ingreso de dólar soja, buscan que el número sea elevado, más cerca de los 50 mil pesos por persona alcanzada y por un período de varios meses.
Hasta el miércoles, las retenciones cobradas a los que exportaron usando dólar soja habían alcanzado un total de 170 mil millones de pesos, faltando tres días aún de liquidaciones. De ese total, 75 mil millones de pesos (el incremental de exportaciones) son para el bono, pero el volumen de ese fondo crecerá con lo que ingrese hasta el 30 de septiembre.
La idea inicial de asistir a indigentes estaba puesta en el beneficio del dólar soja como una especie de concepto redistributivo.
El decreto del dólar soja, técnicamente denominado Programa de Incremento Exportador”, tiene contemplada en su artículo 9 la creación de este bono para asistencia a sector en la indigencia. Ese punto dice, concretamente, que se crea el “Fondo Incremento Exportador, con la finalidad de financiar ciertos gastos bien determinados”. En primer lugar, “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. A tal efecto, se tendrá en cuenta, al momento de establecerla, si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios”. Luego, se destaca que otra parte del dinero será usada para “programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales”.
Fuente: Página 12
