El presidente de la Municipalidad de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida, envió una nota formal dirigida al gobernador Rogelio Frigerio para solicitar su inmediata intervención ante la suspensión del financiamiento provincial de las guardias de enfermería en el Centro de Salud "Teresa Schreiner". La medida, adoptada por el Ministerio de Salud provincial, dejó a la comunidad sin asistencia sanitaria durante las noches, los fines de semana y los días feriados desde el pasado 30 de septiembre.
En la misiva, Mesquida calificó la decisión como un "grave retroceso en la prestación de un servicio público esencial" y enfatizó: "No estamos frente a una cuestión meramente administrativa o presupuestaria: estamos hablando de la salud, la seguridad y, eventualmente, la vida de nuestros vecinos".
Un giro de 48 horas sin explicación
Uno de los puntos más críticos señalados en el documento es el repentino cambio de postura del Ministerio de Salud. Según detalló el intendente, el pasado 26 de mayo de 2026 la Directora General del Primer Nivel de Atención, Lic. Gladys Arosio, reconoció expresamente ante el Concejo Deliberante la necesidad de sostener las guardias pasivas y se comprometió el aporte provincial. Sin embargo, apenas dos días después, una nueva comunicación informó que la Provincia ya no afrontaría dicho financiamiento.
"Lo que resulta difícil de comprender es qué circunstancia pudo haber cambiado en apenas cuarenta y ocho horas para que una prestación que el propio Ministerio consideraba necesaria dejara de serlo", objetó Mesquida, recordando que las urgencias médicas de la población siguen siendo las mismas.
El mandatario local recordó que Piedras Blancas se encuentra a 24 kilómetros del Hospital San Martín de Hernandarias, identificado como el efector de salud de mayor complejidad más cercano. Pese a esta distancia, el municipio realiza un esfuerzo constante financiando con recursos propios la contratación de tres enfermeras, un administrativo y un chofer de ambulancia. No obstante, Mesquida dejó en claro el límite de las competencias municipales: "Los municipios estamos para acompañar, colaborar y fortalecer las políticas públicas provinciales, no para sustituir las obligaciones que corresponden a otros niveles del Estado. Mucho menos cuando se trata de garantizar un derecho humano fundamental como es la salud".
En el plano jurídico, la nota recuerda que el artículo 19 de la Constitución de Entre Ríos establece que la salud es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar de forma gratuita, universal e integral, priorizando el primer nivel de atención. Además, se citan el artículo 40 de la Constitución Provincial, el artículo 54 de la Ley N° 10930 y los Decretos Provinciales N° 991/24 y N° 2817/25, los cuales prevén mecanismos de excepción para la contratación de personal médico y de enfermería en servicios esenciales. "Por lo tanto, no puede presentarse como un impedimento insalvable aquello para lo cual el propio ordenamiento jurídico provincial contempla soluciones expresas".
"La salud no puede ser una variable de ajuste"
Hacia el cierre de la nota, Mesquida remarcó el principio de progresividad de los derechos sociales e instó al Poder Ejecutivo provincial a revertir la medida a la brevedad: "La salud pública no puede ser una variable de ajuste, ni el lugar donde viven los entrerrianos puede determinar el level de protección sanitaria que reciben".
"No estamos solicitando un privilegio ni una prestación extraordinaria. Estamos reclamando la restitución de un servicio esencial que ya existía, que el propio Estado provincial reconoció como necesario y cuya continuidad constituye una obligación que no puede ser desatendida", finalizó.
Fuente: La Sexta
