La Asociación Profesional de Policías de Entre Ríos (Apropoler), la entidad que pretende representar a activos y retirados de la Policía de Entre Ríos, anunció que se movilizará este martes a Casa de Gobierno por un reclamo salarial: en primer lugar, piden que la suma fija que el Gobierno dispuso pagar a los activos, de $40 mil, llegue también a los retirados de la fuerza.
Pero no es la única demanda. Además, plantean que se respete una normativa que se dictó durante el gobierno de Jorge Busti y que estableció la equiparación salarial entre la Policía de Entre Ríos y la Policía Federal. Los retirados policiales refirieron que el decreto N° 805, del 3 de marzo de 1989 –dictado durante la gobernación de Jorge Pedro Busti- estableció la equiparación “de la remuneración efectiva de bolsillo del personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia con la del Personal de la Policía Federal Argentina con el adicional por antigüedad vigente al 31 de enero de 1989”.
Aunque nunca se cumplió.«Concretamente, pedimos que los montos en negro que cobran los policías en actividad le lleguen a los retirados», destaca Ricardo Raffo, que se asume como referente de Apropoler. «Para sancionarnos, seguimos siendo policías, pero para recibir mejoras salariales, no», cuestiona.
Pero además demanda que se entreguen chalecos antibala y equipos de comunicación a todos los uniformados en actividad. «Ahora, se suma esto de la inequidad en cuanto a la liquidación de haberes», sostiene.
Las dos figuras clave de la protesta fueron Ricardo Raffo y Fabián Basin, que también solicitaron la renuncia del jefe de Policía Maslein, y la ministra Rosario Romero.
En el fallo apuntado los vocales Baridón y Acevedo -González Elías se abstuvo- aludieron a las expresiones efectuadas por el actor en el marco de las reuniones mencionadas y a las distintas consecuencias jurídicas que aquellas proyectan dentro del contenido del derecho a la libertad de expresión y su protección convencional, constitucional y legal.
Derechos Humanos, según la interpretación que de su artículo 13 efectúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente, los magistrados analizaron una tercera perspectiva dentro del discurso del exagente, que requirió la finalización de los mandatos de la autoridad administrativa y política de la institución policial y desmereció la palabra de la máxima autoridad de la Policía local, sin despojarse de su condición de numerario bajo estado policial, preguntándose si los principios de orden, autoridad, jerarquía y disciplina bajo los cuales el Estado Provincial estructuró su agencia policial para garantizar el orden público y la paz social compatibilizan o no con el pedido de renuncia y el reproche de mentir dirigidos por un subalterno a sus superiores en un contexto relacional verticalizado y en un ámbito de gestión del uso de la violencia estatal en el cual la palabra se encuentra intensamente intervenida.
