El exsecretario de la Producción y Comercio de la Municipalidad de Santa Elena, Alberto José Alarcón, formalizó una denuncia penal por delitos de corrupción contra Carlos Guillermo Reggiardo, asesor legal y hombre de máxima confianza del intendente de esa ciudad, Domingo Daniel Rossi. La presentación quedó radicada ante los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, en los Tribunales de Paraná, según relató el propio denunciante a través de las redes sociales.
Alarcón, que se presenta como el impulsor original del Parque Industrial de Santa Elena, recordó que el 7 de octubre del año pasado radicó una primera denuncia penal, esa vez contra el propio intendente Rossi, en la fiscalía de Badano. Según su relato, esa presentación motivó agresiones verbales por parte de Reggiardo, a punto tal que el denunciante aseguró haberle transmitido al fiscal que “ante cualquier hecho de violencia física en su contra, la responsabilidad debía recaer sobre la familia Rossi y sobre el propio Reggiardo”.
El conflicto con el abogado escaló luego de que este utilizara un espacio de comunicación de streaming identificado como "La Caldera" que, de acuerdo al relato de Alarcón, se emite desde dependencias del propio municipio, para referirse a él. Ante esa situación, Alarcón presentó una nota formal el 29 de junio de 2026, registrada en Mesa de Entradas bajo el número 1.799, solicitando al presidente municipal precisiones sobre múltiples roles y remuneraciones de Reggiardo dentro de la estructura municipal.
Según enumeró el denunciante, Reggiardo acumularía de manera simultánea una sociedad de hecho con el secretario de Gobierno en un estudio jurídico, un rol de asesor personal del intendente, un cargo remunerado por el gobierno local, alojamiento pagado por el municipio y la conducción de su propio programa también con recursos municipales. "No tiene ningún tipo de gasto, vive realmente de arriba", sostuvo Alarcón en sus redes.
La respuesta del municipio llegó, según su versión, recién después de su regreso de un viaje a Buenos Aires -donde participó de una reunión vinculada a inversores chinos el 23 de julio- pese a que la nota llevaba fecha del mismo 29 de junio en que había sido presentada. Alarcón interpretó esa demora, y el contenido de la respuesta, como una redacción elaborada por el propio Reggiardo bajo la firma del intendente, y remarcó que la contestación no incluyó ninguno de los montos ni conceptos por los que había preguntado: ni honorarios, ni gastos de manutención, ni alquiler, ni asesoramiento jurídico.
Nombramientos bajo sospecha
El denunciante fue más allá y deslizó que, según información que circula entre vecinos de Santa Elena, la madre de Reggiardo también figuraría cobrando como asesora de la senadora provincial Patricia Díaz en Paraná (en realidad estuvo contratada hasta diciembre de 2025), al igual que otros funcionarios municipales que integrarían esa nómina paralela. "Está metida toda la familia, llenándose los bolsillos a costilla del pueblo santalenense", afirmó.
Ante la respuesta que consideró insuficiente, Alarcón viajó nuevamente a Paraná y presentó el 5 de agosto de 2026 la denuncia penal formal contra Reggiardo, que quedó a cargo de los fiscales Badano y Ramírez Montrull. El denunciante remarcó que Reggiardo ya mantiene una relación frecuente con estrados judiciales y adelantó que en la causa se incluye un señalamiento sobre la adquisición de una camioneta Ford Territory cero kilómetro (de un valor que ronda los 51 millones de pesos), cuyo origen de fondos -dijo- no se condice con los ingresos declarados del funcionario.
Más allá de la denuncia puntual, el relato de Alarcón se enmarca en un cuestionamiento más amplio a la gestión de Rossi, a quien responsabiliza por el cierre del frigorífico de la localidad que, según sus palabras, "arruinó un pueblo" y provocó el desarraigo de numerosas familias santalenenses. El denunciante también apuntó contra la senadora Díaz, esposa de Rossi (que recientemente se alejó del bloque justicialista y constituyó una bancada unipersonal), a quien acusó de haber incumplido promesas de campaña vinculadas al sistema de salud local, y extendió el señalamiento a otros funcionarios municipales que, según dijo, habrían adquirido camionetas, motocicletas y viviendas de valor incompatible con sus ingresos declarados.
Alarcón aclaró que su cuestionamiento no alcanza a los trabajadores ni empleados municipales, sino puntualmente a la cúpula política que, a su entender, se ha enriquecido al amparo de la función pública. "No todos los funcionarios se tienen que ir, porque hay gente honesta, decente, pero la mayoría se han enriquecido", sostuvo.
