La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de dos hombres investigados por una presunta maniobra de lavado de activos, luego de que en un control realizado por Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 12, a la altura de Ceibas, se hallaran 500.000 dólares sin documentación respaldatoria y una motocicleta de alta gama.
La resolución fue adoptada por los jueces Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, quienes rechazaron los recursos presentados por las defensas y ratificaron el procesamiento sin prisión preventiva de RM y GG, considerados autor y partícipe secundario, respectivamente, del delito investigado.
Además, según publicó APF, el Tribunal confirmó los embargos dispuestos por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, fijados en 10 millones de pesos para RM y en 150.000 pesos para GG.
El procedimiento
La investigación tuvo origen el 10 de octubre de 2023 durante un operativo de prevención y seguridad vial realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial del Escuadrón 56 Gualeguaychú de Gendarmería Nacional.
Según surge de la causa, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hiace que circulaba por la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 158, en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por GG y tenía como acompañante a RM.
Tras verificar la documentación correspondiente, los gendarmes observaron un bolso en el interior del rodado y consultaron sobre su contenido. De acuerdo con el acta incorporada al expediente, el conductor manifestó que transportaba 500.000 dólares estadounidenses y que no contaba con documentación que acreditara el origen o la tenencia legal del dinero. En el mismo procedimiento también se constató el traslado de una motocicleta Kawasaki Z900 ABS.
Ante la situación, el Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó el secuestro del dinero, los vehículos, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación, además de la apertura de una causa penal contra ambos ocupantes.
Los fundamentos del procesamiento
Al analizar los planteos defensivos, la Cámara sostuvo que la resolución apelada valoró de manera integral las pruebas reunidas durante la instrucción, entre ellas el acta del procedimiento, testimonios, informes oficiales y documentación remitida por distintos organismos.
Los magistrados entendieron que esos elementos constituyen "indicios serios y concordantes" que permiten sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, la hipótesis de una maniobra de lavado de activos y la participación de los imputados.
En ese sentido, señalaron que el perfil económico de GG aparece como incompatible con la suma de dinero secuestrada. La investigación indica que el hombre sería empleado de RM.
Respecto de este último, la Cámara reconoció que existen elementos que podrían demostrar una capacidad económica acorde al monto hallado. Sin embargo, remarcó que ello no alcanza para justificar la legalidad de la tenencia del dinero.
Los jueces destacaron que hasta el momento no se brindó una explicación convincente sobre el origen de los fondos ni sobre el destino que tendrían.
El rol del conductor
Uno de los principales argumentos de la defensa de GG apuntó a desvincularlo del conocimiento sobre el dinero transportado. Según ese planteo, la hipótesis acusatoria se concentraba principalmente en RM.
Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento y sostuvo que del acta del procedimiento surge que fue el propio conductor quien informó a los gendarmes que llevaba los 500.000 dólares dentro del vehículo.
Para los magistrados, ese elemento resulta relevante al momento de analizar el grado de conocimiento y participación de los involucrados en los hechos investigados.
Asimismo, consideraron que el traslado de una suma tan importante de dinero sin respaldo documental y presuntamente proveniente de actividades ilícitas podría constituir un principio de ejecución del delito de lavado de activos.
Nueva investigación
La resolución también menciona un informe presentado por el fiscal general interino José Ignacio Candiotti, quien comunicó que el juez de la causa ordenó la apertura de un nuevo expediente para investigar posibles maniobras de evasión fiscal vinculadas con los hechos.
Si bien la Cámara consideró necesario profundizar distintas medidas de prueba, concluyó que en esta instancia existen elementos suficientes para sostener la tipicidad objetiva de la conducta atribuida a los imputados y el eventual conocimiento que ambos habrían tenido respecto del origen y traslado del dinero secuestrado.
De este modo, la causa continuará avanzando en la etapa de instrucción mientras se desarrollan nuevas medidas destinadas a determinar la procedencia de los fondos y la eventual existencia de otros delitos conexos.
