Productores y vecinos que habitan o trabajan en zonas rurales del ejido de Santa Elena vuelven a poner sobre la mesa un reclamo de larga data, que no ha encontrado solución a través de los años. En los últimos días, como han hecho en otras oportunidades con gestiones anteriores, enviaron sendas notas al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, así como al procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, para pedir acciones que ayuden a mitigar el marcado aumento de delitos rurales, como cuatrerismo, robos y caza ilegal, entre otros.
Los firmantes, que aseguran no tener "interés político ni partidario", denuncian un "estado de inseguridad suscitado como consecuencia del incremento delictivo" sobre todo vinculado a la matanza de animales, lo que "se ha agravado en los últimos meses", así como una creciente "intrusión ilegal en tierras privadas", se registró a partir de las notas presentadas.
En ese marco, solicitan que se instrumente una mayor presencia policial y acción judicial con consecuencias reales, así como mayores recursos destinados a la seguridad, para poder disminuir el flagelo que les provoca pérdidas millonarias y un estado de potencial riesgo o peligro en las zonas rurales.
Entre otras menciones, destacan que sigue sin resolución el hecho por el cual dos policías de Delitos Rurales resultaron heridos de arma de fuego por presuntos cazadores furtivos en tierras de la Estancia Santa Sofía de la familia Giebert, ocurrido el 22 de febrero.
La finalidad de estos productores organizados es "poder trabajar y vivir en comunidad de manera pacífica", afirman, a la espera de soluciones o respuestas de las autoridades provinciales.
Fuente: La Sexta
