El Consejo General de Educación de Entre Ríos elaboró un protocolo de actuación destinado a supervisores y equipos directivos de las escuelas de la provincia para intervenir ante amenazas de violencia extrema o situaciones que puedan implicar riesgos para la comunidad educativa.
El documento, de aplicación inmediata en instituciones educativas de Entre Ríos, surge ante la circulación de amenazas de tiroteos en escuelas, muchas de ellas vinculadas a desafíos o contenidos virales difundidos en redes sociales. En el texto se señala que la medida se adopta “ante la aparición de amenazas de tiroteo en escuelas” y que busca “garantizar una respuesta rápida, coordinada y responsable”.
Entre los principios de actuación se establece que la prioridad absoluta es la seguridad de la comunidad educativa, pero también se señala que debe preservarse la presencialidad. El protocolo indica que se debe priorizar “la integridad física y emocional” y mantener la “presencialidad cuidada”, lo que implica “no suspender clases salvo indicación policial”.
Además, se remarca la importancia de evitar alarmas innecesarias o desinformación y sostener una comunicación clara con la comunidad educativa. El documento menciona como criterios de actuación “comunicación clara: evitar alarmas y desinformación” y “articulación institucional: trabajo conjunto con policía, supervisión y CGE”.
Qué hacer ante una amenaza
El protocolo establece una serie de acciones inmediatas cuando se detecta un mensaje o indicio de amenaza. En primer lugar, se indica “no borrar el mensaje” y “registrar con fotos”. Luego se debe “informar de inmediato al equipo directivo (sin generar alarma)” y realizar la denuncia correspondiente llamando al 911.
También se debe notificar a supervisión y al CGE, mientras que la continuidad de las actividades escolares deberá evaluarse en conjunto con la policía, que podrá determinar si corresponde continuarlas con refuerzos de seguridad o disponer una evacuación.
En caso de que existan indicios concretos de riesgo —como la presencia de un arma o una amenaza inminente— el protocolo señala que se debe “llamar al 911 inmediatamente”, “no confrontar ni intervenir físicamente” y evacuar o confinar al grupo “según indicación policial”.
Comunicación con docentes, estudiantes y familias
El documento también fija pautas sobre cómo comunicar la situación dentro de la comunidad educativa. Con los docentes se recomienda informar lo ocurrido y brindar pautas claras. Con los estudiantes se plantea abordar el tema “sin minimizar ni exagerar”, validar emociones y promover una comunicación responsable en redes sociales.
En tanto, con las familias se establece que la institución debe “informar de inmediato”, confirmar la continuidad de clases y solicitar que se evite la difusión de rumores.
Consecuencias legales
El protocolo recuerda que las amenazas constituyen un delito previsto en el artículo 149 bis del Código Penal de la Nación Argentina. En ese sentido, advierte que “las amenazas constituyen delito” y que “puede haber consecuencias penales incluso para menores”.
Además, señala que la Justicia puede intervenir aun cuando no exista una denuncia formal por parte de la institución o de las familias.
Medidas de seguridad
Entre otras medidas preventivas, el documento sugiere reforzar la presencia policial en el ingreso o permanencia en los establecimientos, controlar el acceso de personas externas y revisar los espacios comunes.
También se plantea la activación de los equipos de orientación escolar para brindar acompañamiento socioemocional, identificar a estudiantes que puedan estar especialmente afectados por la situación y realizar intervenciones grupales vinculadas a la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el impacto de la violencia.
Finalmente, el protocolo establece que cada institución educativa deberá registrar todas las actuaciones realizadas —como horarios, medidas adoptadas e intervenciones policiales— para dejar constancia de lo ocurrido y facilitar el seguimiento de cada caso.
El protocolo:
