El intendente Domingo Daniel Rossi volvió a cargar contra ANALISIS por la discusión de la ley de Ética Pública y Ficha Limpia. Reclama declaraciones juradas anuales y más verificación para todos. Pero su municipio acumula expedientes en el Tribunal de Cuentas por sobreprecios, gastos sin partida, deudas ocultas y requerimientos que nunca contestó, y la causa penal que lleva el fiscal Francisco Ramírez Montrull está frenada por una catarata de recusaciones de parte del asesor legal del municipio y del bloque de la senadora Patricia Díaz, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, experto en postergar causas y no responder nunca lo que se le exige.
El viernes 2 de octubre Santa Elena cumplía 155 años. Había acto oficial, había festejos, y el intendente Domingo Daniel Rossi -también candidato a la gobernación- se hizo un rato para salir con algunos medios de Paraná. No habló demasiado del aniversario. Habló de ética pública, de transparencia y, otra vez, de ANALISIS. El tema era el proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública que se discute en el Senado entrerriano y las diez modificaciones que presentó la senadora provincial Patricia Díaz de Rossi -su esposa- junto con su asesor y a la vez funcionario municipal, Carlos Guillermo Reggiardo, como aporte a esa norma y a Ficha Limpia. En la última reunión de la Comisión de asuntos constitucionales Reggiardo habló casi dos horas y media, ante la mirada cómplice de la escena de los legisladores oficialistas y también opositores. Una semana antes había intentado hacer lo mismo, en el mismo escenario parlamentario y cada movimiento que hace lo registra en su blog La caldera, donde defenestra a quienes son críticos del intendente, ya sean dirigentes, jueces o periodistas, poniendo a todos en un nivel de igualdad que no es tal. Rossi las enumeró una por una: declaración jurada anual en lugar de solo al ingreso y al egreso, acceso público al contenido patrimonial, restricciones posteriores al cese, regulación de obsequios, viajes y hospitalidad, inclusión de las criptomonedas en el patrimonio declarado. "Más transparencia, más declaración, más verificación, más publicidad", resumió.
Y entonces apuntó contra este medio: "Sino queda siempre la palabra de ANALISIS que la senadora Díaz o el intendente Rossi no quieren que haya ética pública; al contrario, queremos que todos los años nos controlen". Siguió. Pidió que "busquen a los ladrones, a los que se robaron un presupuesto, los contratos truchos, los subsidios truchos". Habló del "sistema mafioso instalado" en la provincia. Prometió entrar "con la topadora a la corrupción" si llega a la Casa de Gobierno, pese a que hace casi 50 años que está como dirigente político, fue vicegobernador y varias veces intendente. Y para las causas que lo acompañan desde hace décadas ofreció su propia explicación: "Hace 35 años que persiguen. La gente me volvió a elegir, no le cree a la Justicia, por eso me votan". En realidad, Rossi se persigue él mismo por la serie de irregularidades que comete y su turbio manejo de fondos públicos, por lo cual fue denunciado y condenado por enriquecimiento ilícito, en una causa donde, en pleno juicio oral, llegó a reconocer que se quedaba con "las gastos reservados" de la Vicegobernación, cuando estuvo en ese lugar, entre 1987/1991, para tratar de justificar sus cuentas en el exterior.
El problema es que existe un organismo que sí controla al municipio de Santa Elena todos los años. Se llama Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, no depende de ningún diario, no arma listas electorales y no distingue colores políticos, más allá de los cuestionamientos que pueda hacer Rossi a la actual conducción, que lidera el exdiputado provincial justicialista Diego Lara. Y lo que ese organismo encontró en la municipalidad -y lo que la comuna dejó sin contestar- dibuja exactamente lo contrario de lo que el intendente pregona por la radio.
Quince años sin rendir a tiempo
La primera evidencia no está en un expediente puntual sino en una conducta. Desde 2011, Santa Elena incumple de manera crónica el plazo legal del 30 de abril para elevar su rendición anual de cuentas, tal como lo exige el artículo 112 de la Ley 10.027 de Régimen Municipal, o la presenta incompleta. Eso motivó reiterados oficios del Tribunal de Cuentas y la aplicación de multas. Los auditores tampoco pudieron corroborar que, en numerosos ejercicios, esas rendiciones se hubieran elevado al Concejo Deliberante, como manda la ley.
Dicho de otro modo: el intendente que reclama declaraciones juradas cada año gobierna una comuna que no entrega en término ni siquiera la rendición anual que la legislación ya le exige. Y esa reticencia no es un dato aislado. Atraviesa casi todos los expedientes que se tramitan en el organismo de control bajo el procedimiento de los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica 5796, el que se activa cuando se detecta un posible perjuicio fiscal. La municipalidad no responde, deja vencer los plazos, deja prescribir las acciones. Y esa misma conducta, ahora, se repite ante la Justicia.
La causa que no avanza
El silencio ya tiene un capítulo penal. El fiscal Francisco Ramírez Montrull abrió de oficio una investigación contra Rossi a partir de una entrevista periodística en la que se advertía que la municipalidad no respondía las intimaciones del Tribunal de Cuentas. Lo primero que hizo la Fiscalía fue pedirle al Tribunal de Cuentas el detalle de las irregularidades detectadas en Santa Elena. Así aparecieron la compra de la retroexcavadora, el hormigón con sobreprecio, el libre deuda otorgado a una firma privada sabiendo que la deuda seguía vigente y, antes de eso, el convenio tributario de la gestión anterior. Rápidamente se entendió que había demasiada ilegalidad en los papeles.
Después vino el muro. Los pedidos de informes no tuvieron respuesta. Cuando la Fiscalía libró una orden de presentación, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, se negó a entregar documentación invocando sus derechos. Hubo allanamiento en el municipio y no se encontró nada porque ocultaron toda la documentación. Cuando volvieron a pedir formalmente los expedientes del Tribunal de Cuentas, la respuesta fue que no los tenían. En algún momento, llegaron a sugerir que tal vez se los habían llevado “los propios investigadores” en el allanamiento, como parte del absurdo y la falta de respeto a las instituciones.
La historia de esos expedientes merece un párrafo propio. El Tribunal de Cuentas los había remitido a la Fiscalía de Estado, que planteó que los municipios son autónomos y que las actuaciones debían ir a la comuna. Para colmo, lo que se envió a la Municipalidad de Santa Elena no fueron copias sino los originales. Los recibió Rossi. Nunca más aparecieron. En el Ministerio Público Fiscal ya se entiende que se estaría consumando el delito de destrucción u ocultamiento de prueba. Por ende, quizás en próximos días se cite a Rossi a indagatoria por haber designado como contador municipal a una persona que no es contador, en abierta violación de la ley de municipios, y por la desaparición de los expedientes del Tribunal de Cuentas. También se evalúa imputar a integrantes del Concejo Deliberante, que ante cada requerimiento responden que no sabe nada de lo que ocurre en el Ejecutivo.
Pero la causa no camina. Desde el primer pedido, la defensa respondió con recusaciones. Cada vocal que intervino para resolverlas fue a su vez recusado: pasaron por el expediente entre diez y doce, y desde diciembre la Fiscalía no logra avanzar con la imputación. El abogado de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, el mismo asesor de la senadora Díaz que firmó con ella las diez propuestas de ética pública que el intendente defendió en la radio, es quien desvía cada planteo de la justicia o del Tribunal de Cuentas. Reggiardo estuvo suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, pero Rossi mantuvo su designación en la comuna.
El parque industrial inaugurado a medias
El informe más reciente es de agosto de 2026 y tiene que ver con el Parque Industrial de Santa Elena. Entre 2023 y 2024 el municipio recibió un Aporte No Reintegrable de la Nación de casi 170 millones de pesos para seis obras de infraestructura intramuros. El dinero se colocó en plazos fijos para que generara intereses frente a la inflación.
Un primer informe, de septiembre de 2024, ya había encendido las alarmas. Las tres primeras obras -limpieza, cerco y calles- se habían consumido casi el 60 por ciento de los recursos, con licitaciones fallidas, incrementos presupuestarios del 227 por ciento y órdenes de pago sin la firma del contador municipal. Las tres obras centrales, las que le dan sentido a un parque industrial -agua, red eléctrica y servicios comunes-, no se habían ejecutado.
Dos años después, la municipalidad intentó mostrar que había regularizado la recepción de las obras 1, 2 y 3, con el argumento de que la Nación la había autorizado a reorientar el plan y reinvertir los intereses. El Tribunal de Cuentas no compró la explicación: confirmó que subsisten infracciones normativas y presupuestarias graves, y las atribuyó directamente al Departamento Ejecutivo.
La lista es elocuente. Rossi firmó el convenio con el Ministerio de Economía de la Nación sin someterlo a la ratificación del Concejo Deliberante, eludiendo el control del cuerpo legislativo local. Mediante el Decreto 372/2024 ordenó a la Contaduría imputar gastos del ejercicio 2024 a partidas de un presupuesto ya vencido y cerrado, el de 2023, en violación del artículo 152 de la Ley 10.027. Pagó honorarios por la reformulación de los proyectos a dos ingenieros y un contador que no tenían matrícula activa en sus respectivos colegios. Y cuando algunos oferentes desistieron de las licitaciones, en lugar de ejecutar las garantías e ingresarlas a Rentas Generales, se aplicaron compensaciones informales mediante pagos a cuenta sin respaldo contable.
Mientras tanto, en los portales oficiales el parque figura como inaugurado, tras un acto oficial del que participaron el gobernador Rogelio Frigerio y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, que pasaron a ser aliados políticos de Rossi hace ya un buen tiempo, pese a que han venido pregonando transparencia desde la campaña proselitista de 2023. Las obras de agua, red eléctrica y servicios comunes -las número 4, 5 y 6- no tienen actas de recepción definitiva ni la aprobación de la rendición final por parte de la Nación. Hay, además, una denuncia más grave: un testigo entrevistado por la Fiscalía declaró que los fondos del parque habrían sido depositados en una cuenta particular. Los investigadores rastrean las rendiciones mientras el Tribunal de Cuentas termina de cerrar las suyas.
Un contador que no es contador
El informe de auditoría de 2025 bajó al subsuelo de la administración municipal y encontró que el control interno, sencillamente, no existe. Los cargos de contador y tesorero municipal carecen desde 2011 del acuerdo del Concejo Deliberante que exigen los artículos 95 y 136 de la Ley 10.027. Ninguno de los dos funcionarios tiene constituida la fianza legal obligatoria. Y hay algo más: el área de Contaduría está en manos de un auxiliar que no posee título profesional habilitante. Quien cumple el rol de contador municipal no es contador. Para los auditores no se trata de un formalismo pendiente sino de una "gravedad institucional insubsanable". Sin acuerdo del Concejo, además, la estabilidad de quien ocupa la Contaduría queda a merced del intendente, lo que debilita su capacidad de observar gastos u oponerse a actos ilegales del Ejecutivo, como le ordena el artículo 157 de la ley.
Desde 2011 tampoco se practican arqueos sorpresivos sobre la Tesorería. No hay arqueos sobre las cajas recaudadoras periféricas que operan fuera de ella, no se hacen conciliaciones bancarias ni controles patrimoniales sobre otras dependencias. Con ese andamiaje, lo que siguió no sorprende. A través de verificaciones cruzadas con terceros, la auditoría descubrió una deuda no declarada con ENERSA de casi 970 millones de pesos por consumo municipal y alumbrado público, luego de compensar la contribución municipal. Esa cifra equivale al 45 por ciento del presupuesto total de gastos del municipio y fue omitida por completo en todos los formularios de la rendición de cuentas oficial. No hay constancia formal de que se haya regularizado. Por el contrario: en el MPF se entiende que a esta altura la deuda ronda los 2.000 millones de pesos y la distribuidora no la reclama. La Fiscalía intimó a ENERSA a cobrarla y, según le informaron, la empresa se comprometió a iniciar el reclamo judicial. De lo contrario, la imputación podía alcanzar también a la distribuidora.
La auditoría 2023-2024 ya había advertido sobre el mismo agujero. Las liquidaciones de ENERSA de todo 2024 permitieron cuantificar importes no registrados por 297.433.658 pesos en concepto de contribución municipal y tasa de alumbrado, y por 5.668.045.863,02 pesos en comisión de cobranza, obras sanitarias, dependencias y alumbrado público. La propia respuesta del municipio a la intimación del Tribunal terminó confirmando la omisión.
El resto del informe al que accedió ANALISIS es un catálogo. En el ejercicio 2022 hubo pagos sin crédito presupuestario por 36.950.140 pesos y un déficit de 44.391.887,25 pesos. En 2021, con la Ordenanza 263, se amplió el presupuesto sobre recursos proyectados y no sobre excedentes reales de recaudación: los recursos no llegaron, pero los gastos se ejecutaron casi en su totalidad, quebrando el equilibrio que exige el artículo 35 de la Constitución provincial. Fondos con destino específico, como los del Plan Nacional Primera Infancia y del proyecto SENAF-COPNAF, fueron a parar a "cuentas especiales" fuera del presupuesto general. Y en la auditoría 2023-2024 se detectaron gastos sin imputación presupuestaria por 267.927.481,58 pesos, un 13,92 por ciento por encima de lo aprobado, en rubros como personal de planta permanente, personal del Concejo, bienes de consumo, servicios no personales y acción social. Los auditores lo calificaron como una irregularidad insubsanable.
Hay más, y aquí las palabras de Rossi en los medios vuelven como un eco. El intendente que pide buscar "los contratos truchos" y "los subsidios truchos" paga contratos de servicios respaldados únicamente con planillas firmadas por los beneficiarios, sin recibos de haberes, sin aportes, sin contratos formales de locación. Los auditores advirtieron que eso configura una relación laboral encubierta que deja al municipio sin seguro ante accidentes y expuesto a demandas millonarias. Los subsidios y ayudas sociales se entregan por decretos particulares, sin una norma general que exija informes socioeconómicos, topes ni rendición de cuentas: un esquema de concesión arbitrario, según la auditoría.
A eso se suman numerosos pagos en efectivo, en contra de la Ley Antievasión; la contratación de pólizas con aseguradoras privadas, cuando la Ley provincial 5058 obliga a los entes públicos a asegurarse en el IAPSER; y el alquiler de camionetas y utilitarios a particulares sin contratos que deslinden la responsabilidad civil del municipio ni constancia de que esos vehículos tuvieran el seguro al día.
Expediente 901/2026: gastar sin permiso del Concejo
El expediente más nuevo que tramita bajo el régimen de responsabilidad nació del desglose de la Rendición de Cuentas 2020 de la municipalidad, ya con Rossi otra vez en el sillón. El Dictamen Fiscal 3849/2026 constató que el Ejecutivo desembolsó fondos públicos sin créditos presupuestarios aprobados por el Concejo Deliberante.
Las planillas originales de ejecución de gastos tenían omisiones y debieron rectificarse. El municipio informó un presupuesto definitivo de 268.902.823,21 pesos que incluía modificaciones por decretos y ordenanzas sin aval legislativo por 29.439.824,34 pesos. Tras un reclamo preliminar formulado en 2025 por más de 20,8 millones, el Tribunal determinó en 2026 que el exceso real de inversión se concentró en tres partidas del presupuesto de gastos, donde los pagos superaron lo autorizado.
El presunto perjuicio fiscal quedó fijado en 8.528.004,15 pesos, entre 66.600 y 67.700 dólares al valor del blue de mediados de 2020. Los presuntos responsables son Domingo Daniel Rossi, como presidente municipal, y Marcelo Félix Fernando Medina, como contador municipal.
También aparecen irregularidades en el expediente 689/2025. Y vale detenerse en este expediente, porque desarma el argumento de la persecución. No corresponde a la gestión de Rossi sino a la de su antecesor, Silvio Alejandro Moreyra, familiar directo también del actual presidente comunal de Santa Elena. La causa surgió del desglose de la Rendición de Cuentas 290/2018. Se verificó que se pagaba a contratados mediante planillas contra firma de los beneficiarios, imputadas como contratos de servicios sin las formalidades legales ni cupos previstos en la ordenanza de presupuesto, y excesos de inversión en servicios no personales, personal, bienes de consumo, transferencias y trabajos de capital. El perjuicio fiscal se cuantificó en 8.102.936,14 pesos, equivalentes a entre 200.000 y 285.000 dólares según el momento del año que se tome.
Fueron señalados Moreyra, por autorizar los desembolsos; Medina, el mismo contador municipal que aparece en la causa de 2020, por no observar por escrito las órdenes de pago ilegítimas ni avisar al Tribunal; y la tesorera Gladis Mabel Lencina, por efectivizar pagos sin visado previo ni respaldo de crédito. El mecanismo de las planillas, como se vio, siguió vigente en los años de Rossi.
Los expedientes 894 y 895/2024 retratan la relación de Rossi con el control. Ninguno investiga un hecho nuevo. Ambos se abrieron porque la municipalidad no hizo lo que el Tribunal de Cuentas le había ordenado. En los dos casos el organismo había concluido causas anteriores, había fijado un perjuicio y había mandado al municipio a promover las acciones para recuperar el dinero. Y en los dos casos el intendente Rossi y la titular del Concejo Deliberante, Mercedes Lorena de los Santos, guardaron silencio y dejaron correr los plazos hasta que las acciones de recupero prescribieron.
El 895/2024 deriva de la causa por el sobreprecio del hormigón comprado en 2013, cuyo daño se había consolidado en 105.880 pesos. El 894/2024 deriva de la causa por un régimen tributario de favor a un privado, con un perjuicio fijado en 11.964 pesos. Son montos menores, es cierto. Pero el Tribunal no los midió por su tamaño sino por la conducta: calificó la inacción como una omisión antijurídica, en el caso del 894 directamente como "inactividad deliberada", generadora de responsabilidad personal y patrimonial de los funcionarios por el daño, más intereses capitalizados. En el 894, además, remitió copias certificadas al Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de delitos.
El intendente que pide que lo controlen todos los años no contestó cuando el control le pidió que recuperara la plata.
No obstante, el expediente 875/2018, es por lejos, el expediente de mayor peso económico. En mayo de 2026 la Fiscalía de Cuentas cerró la investigación sobre el programa nacional "Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria", que financió veinte cuadras de pavimento en Santa Elena, y concluyó que existió una matriz de presuntos sobreprecios bajo la intendencia de Rossi. Para eludir la licitación pública y el cotejo de precios se recurrió a un régimen de excepción y la obra se adjudicó por decreto a la empresa L&C Construcciones S.A. Según las pericias judiciales, el pavimento tuvo una subejecución deficiente y un deterioro casi inmediato.
La Dirección Provincial de Vialidad y la pericia penal del ingeniero Beltrán Uranga habían planteado hipótesis de perjuicio de 6.141.781,34 pesos y de entre 1,9 y 5,5 millones, respectivamente. El Tribunal fijó el perjuicio definitivo con el método de "precio testigo", tomado de una obra equivalente en Seguí: el pavimento debió costar 13.906.314,63 pesos y se liquidaron 20.035.724,86. La diferencia, 6.129.410,23 pesos, es la sobrefacturación.
En 2015, cuando se hicieron los pagos y el dólar blue promediaba 14,17 pesos, ese monto equivalía a unos 432.562 dólares. Actualizado a valores de reposición a mayo de 2026, el crédito de recupero supera los 620 millones de pesos, más los intereses legales. Fueron identificados como presuntos coautores y partícipes necesarios Domingo Daniel Rossi, presidente municipal; Roberto Carlos Méndez, secretario de Gobierno y Hacienda; Adolfo Zenón Ortiz, responsable técnico e inspector de obra; y María Inés Martínez, contadora municipal.
Del expediente 877/2018, provenientes del mismo programa "Más Cerca" salieron, en 2014 y 2015, fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para extender la red de agua y ampliar la red cloacal. El expediente, todavía en etapa de investigación, apunta a la responsabilidad de Rossi por un presunto perjuicio integral de 343.834,45 pesos.
Para la red de agua el municipio recibió 87.000 pesos en dos desembolsos y solo presentó un certificado por 36.775,79. Los informes técnicos de Obras Sanitarias de la provincia y del propio ENOHSA determinaron que lo construido no coincidía ni con la memoria técnica ni con el presupuesto oficial. Como el destino de los fondos se desnaturalizó, la Fiscalía de Cuentas computó como perjuicio la totalidad de lo girado.
Para las cloacas, sobre un convenio de 276.000 pesos, Santa Elena recibió 256.834,45 en tres transferencias. Nunca rindió el primer anticipo, de 55.200 pesos. Las rendiciones posteriores fueron descalificadas por deficientes e insuficientes y una inspección constató que la obra estaba paralizada. El perjuicio provisorio se fijó en el ciento por ciento de lo percibido. Para colmo, el Estado nacional intimó por carta documento la devolución del último desembolso con intereses moratorios y punitorios, por 142.038,87 pesos, una contingencia que amenaza agrandar el quebranto.
En moneda dura, el daño equivalía en origen a unos 26.000 dólares, tres cuartas partes de ellos en la red cloacal, a los que se suman entre 8.000 y 10.000 dólares por el reclamo de la Nación.
Expediente 456/2018: la retroexcavadora
En 2013, la gestión de Rossi llamó a licitación para comprar una retroexcavadora nueva, según el expediente 456/2018. En la Licitación Pública 6/13 se presentaron dos oferentes. Uno advirtió que su competidor no cumplía con el pliego y señaló que ese mismo equipo lo vendía a 350.000 pesos, casi un 40 por ciento menos. El 22 de agosto de 2013, por el Decreto 239, el Ejecutivo declaró desierta la licitación. El 1 de octubre, por otro decreto, autorizó la compra directa a la firma que había cotizado más caro. La operación se cerró en 547.638 pesos: 51.138 más que la propia oferta inicial de esa empresa. Frente a los 350.000 de la otra propuesta, el sobreprecio fue de 197.638 pesos, unos 22.331 dólares al cambio de la época.
La responsabilidad recayó en Rossi y en los funcionarios de su gabinete que intervinieron. El Tribunal de Cuentas remitió copias al Ministerio Público Fiscal por los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal.
También en 2013, con Rossi como intendente, la municipalidad compró 1.000 metros cúbicos de hormigón. El Tribunal de Cuentas determinó que se pagaron con sobreprecio y cuantificó un perjuicio fiscal inicial de 78.330 pesos, casi 10.000 dólares de entonces, que una resolución del 10 de agosto de 2021 consolidó en 105.880 pesos.
El organismo ordenó recuperar ese dinero. Nadie lo hizo. De ese silencio nació, años después, el expediente 895/2024: la acción prescribió y el daño quedó, ahora, a cargo personal de quienes debían reclamarlo.
El expediente más antiguo de esta serie empezó con un hecho anterior a Rossi. La entonces presidenta municipal Asunción Olmedo y su secretario de Gobierno, Carlos Caballero, le otorgaron a una firma privada un régimen tributario diferenciado e ilegítimo que la eximía indebidamente de gravámenes locales.
Cuando Rossi asumió la intendencia, en lugar de revertir ese beneficio, él y su secretario de Gobierno, Oscar Miño, le extendieron a la empresa un "libre deuda", y la acción de lesividad que debía permitir cobrar los tributos adeudados nunca se terminó. El Tribunal concluyó las actuaciones el 19 de octubre de 2021, fijó un perjuicio de 11.964 pesos y ordenó promover el recupero. Tampoco se hizo. Así nació el expediente 894/2024 y la denuncia ante la Fiscalía.
Catorce años de expedientes
Ordenados de esta manera, los expedientes cuentan una historia que va de 2012 a 2026 y que tiene un hilo conductor: compras directas cuando correspondía licitar, obras pagadas que no se terminaron o se rompieron enseguida, gastos sin autorización del Concejo, deudas que no aparecen en las rendiciones, un contador que no es contador, planillas en lugar de contratos, subsidios sin reglas. Y, por encima de todo, una municipalidad que no contesta: que no presenta las rendiciones en término desde hace quince años, que no ejecuta lo que el organismo de control le ordena, que deja prescribir las acciones para recuperar el dinero público y que, cuando un fiscal pide los papeles, responde que no los tiene y recusa a cada juez que debe decidir.
Rossi tiene razón en algo. Una declaración jurada anual, con acceso público y verificable, sería un avance. También sería un avance que el intendente de Santa Elena contestara los requerimientos que el Tribunal de Cuentas le viene haciendo, año tras año, desde 2011, y que devolviera los expedientes que el organismo le mandó y nunca más aparecieron. Dice que no le tiene miedo al control. El control lo está esperando.
Fuente: Análisis Digital
