El conflicto que se suscitó a partir del último fin de semana, luego de que la Dirección General de Aduanas (DGA) acusara a siete firmas agroexportadoras radicadas en Argentina de sobrefacturar importaciones de soja, sigue escalando.
Una serie de datos obtenidos por Infocampo muestra que la polémica, lejos de amainar, sigue escalando: el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, realizó duras acusaciones en contra del organismo que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Concretamente, que todo lo que ha denunciado Aduana ha sido solo a través de los medios, pero que las empresas cuestionadas ni siquiera han sido informadas formalmente.
No obstante, desde Aduana, ante la consulta de este medio, le salieron al cruce y mostraron evidencia de que sí fueron notificadas y de cómo sigue la investigación.
EL CONFLICTO POR LAS IMPORTACIONES DE SOJA
Todo comenz´el domingo 26 de noviembre por la noche, cuando desde Aduana se emitió el siguiente comunicado: “Aduana investiga a 7 firmas argentinas por sobrefacturar importaciones de poroto de soja”.
“El efecto de las maniobras es el ahuecamiento de la base imponible de las operaciones en nuestro país y la fuga indebida de divisas. Las operaciones documentadas constituyen transgresiones al artículo 954 del Código Aduanero, que refiere a Declaraciones Inexactas. Las empresas podrían recibir multas millonarias”, indicó ese día el organismo fiscal.Las firmas en la mira:
Aceitera General Dehez
Bunge Argentina
Cargill SACofco InternationalL
DC Argentina SA (Louis Dreyfus Company
)Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata)
Viterra Argentina SA
Luego, además de estas sociedades mencionadas, se sumó Vicentin, a la que Aduana multó con $ 446.368.298.
LAS IMPORTACIONES DE SOJA CUESTIONADAS
Para las autoridades, en todos los casos investigado la maniobra consistió en “importar la mercadería directamente desde Paraguay, con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países”.
Ya en las primeras horas del lunes siguiente, comenzado el 27 de noviembre, la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina (CIARA) salió a defenderse.
“Los cuestionamientos de la Directora General de Aduanas carecen de base, sin constancia en las empresas exportadoras. Los valores declarados se ajustan a las condiciones normales de mercado en el país de origen y de procesamiento”, puntualizaron.
Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, calificó en esa oportunidad: “Inventar investigaciones contra empresas que invierten, generan empleos y divisas genuinas solo genera incertidumbre y pone en riesgo puestos de trabajo y flujos de exportación”.
“Es inaceptable que se siga persiguiendo a la agroindustria, pilar del país y parte central de la transformación productiva y exportadora que necesita Argentina”, dijo Idígoras en ese momento.
Pero el tenso intercambio no quedaría solamente allí.
El miércoles de esa semana, a 72 horas de la acusación original, Aduana volvió a la carga y aseguró que “Paraguay envió la factura comercial donde figuran valores inferiores a los declarados en Argentina. Esta información confirma que se sobrefacturaron importaciones”, puntualizaron.
“Esto descarta lo que dijo CIARA. La Aduana es un ente profesional que actúa conforme a la normativa vigente y al intercambio de información con otros países regido por acuerdos internacionales”, aseguró Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas.
Allí fue que Aduana aplicó multas a dos: la mencionada a Vicentin, y a Cofco Int. Arg SA por $52.278.729.
