El Gobierno nacional derogó ocho resoluciones vinculadas con el régimen fitosanitario del sector agropecuario que habían sido dictadas entre 1992 y 2013. La decisión se tomó al considerar que las disposiciones cumplieron los objetivos para los que fueron creadas, perdieron vigencia práctica o fueron reemplazadas por normativas más modernas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El objetivo, según los fundamentos, es avanzar en la actualización y simplificación del marco regulatorio vigente.
Las disposiciones eliminadas alcanzaban diferentes actividades, entre ellas la importación de productos vegetales, maquinaria agrícola usada, papa semilla y bananas. También comprendían regulaciones sobre residuos de plaguicidas y herramientas de seguimiento fitosanitario destinadas a determinadas producciones.
Cuáles son las normas que quedaron derogadas
Entre las resoluciones eliminadas se encuentra una que prorrogaba la implementación obligatoria de la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), además de otra que establecía restricciones para el ingreso de bananas procedentes de países donde se detectaban determinadas plagas cuarentenarias.
También quedaron sin efecto disposiciones que fijaban requisitos para importar maquinaria agrícola usada y condiciones sanitarias para el ingreso de papa semilla. A ellas se suman las exigencias vinculadas con el tránsito y entrada de frutos de banano en las provincias de Formosa, Misiones, Salta y Jujuy.
La decisión incluye además la eliminación de la obligatoriedad del denominado Cuaderno Fitosanitario para productores de manzanas y peras de determinadas regiones, junto con una resolución que incorporaba al ordenamiento nacional disposiciones del Mercosur sobre residuos de plaguicidas.
Por qué el Gobierno decidió eliminar las resoluciones
La Secretaría de Agricultura explicó que el régimen sanitario del sector agropecuario evolucionó significativamente durante las últimas décadas. En ese proceso se incorporaron análisis de riesgo, estándares internacionales, sistemas de certificación y nuevas herramientas informáticas.
A estos mecanismos se sumaron procedimientos de trazabilidad y fiscalización que, según el organismo, reemplazaron o superaron las disposiciones establecidas en las resoluciones ahora derogadas.
Desde la cartera nacional argumentaron que mantener regulaciones que ya perdieron eficacia genera una mayor dispersión normativa y dificulta determinar cuáles son las reglas actualmente vigentes para las diferentes actividades productivas.
Qué cambia para el sector agropecuario
La resolución establece que la derogación de las ocho disposiciones no afectará derechos adquiridos ni situaciones jurídicas ya consolidadas. Tampoco modificará la validez de los actos administrativos realizados mientras esas normas permanecieron vigentes.
La medida busca contribuir a la actualización del Digesto de Normas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo encargado de ejecutar diferentes políticas relacionadas con la sanidad y calidad agroalimentaria.
De esta manera, el Gobierno apunta a establecer un marco jurídico más claro y accesible para el sector agropecuario, eliminando regulaciones consideradas obsoletas sin modificar los controles actualmente vigentes. La Resolución 114/2026 comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
