El Gobierno ratificó la precalificación técnica de los dos consorcios internacionales que pugnan por quedarse con la operatividad de la ruta por la que circula el 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina.
La aprobación de los oferentes fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), mediante la Resolución 28/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras realizar el análisis técnico de las propuestas presentadas en el “Sobre N° 2”.
La normativa ratifica como precalificadas a las propuestas de Jan de Nul N.V. junto a Servimagnus S.A., la firma belga que es la actual operadora, y la de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de origen belga. Por el contrario, la brasileña DTA Engenharia Ltda. había sido declarada inadmisible en una instancia previa del proceso licitatorio.
El dictamen de la Comisión Evaluadora se mantuvo firme pese a que ambos consorcios preseleccionados presentaron observaciones y comentarios al orden de mérito a mediados de mayo.
Sin embargo, la Agencia rechazó estas presentaciones “in límine” por no cumplir con las garantías de impugnación requeridas, concluyendo además que los planteos no aportaban nuevos elementos técnicos que justificaran modificar las calificaciones asignadas.
Denuncia por irregularidades
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó este viernes un dictamen en el expediente que investiga posibles delitos en la licitación de la Hidrovía en el que señaló irregularidades en el proceso que está en marcha para la concesión de esta vía navegable, una de las mayores del mundo.
El dictamen reitera una serie de críticas que ya habían sido identificadas en procesos anteriores y añade nuevos cuestionamientos. Lleva la firma del fiscal Sergio Rodríguez y fue presentado en la fiscalía federal 9, de Guillermo Marijuan, informaron fuentes del caso. El juez de la causa es Sebastián Casanello.
Como resultado de este nuevo análisis de los documentos, la PIA sostiene: “Las conclusiones siguen siendo las mismas: surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los 138 pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”.
