La Justicia argentina volvió a exigirle al Gobierno del presidente Javier Milei que ejecute la ley de emergencia en discapacidad, cuya aplicación fue suspendida por el Poder Ejecutivo a pesar de haber sido aprobada y ratificada por el Congreso Nacional. La decisión judicial refuerza la obligación del Estado de garantizar mayores niveles de asistencia y financiamiento para las personas con discapacidad.
El juez federal Adrián González Charvay advirtió este martes que la norma “deberá estar en plena ejecución” el próximo 4 de febrero. En ese marco, intimó al Gobierno a acreditar “el avance de los trámites” necesarios para dar cumplimiento efectivo a la resolución judicial.
La ley de emergencia en discapacidad obliga al Estado nacional a asegurar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y a fortalecer los mecanismos de asistencia destinados a ese sector. La norma fue aprobada en julio por el Congreso, pero en agosto fue vetada mediante un decreto presidencial. Posteriormente, en septiembre, el Parlamento rechazó ese veto, ratificó la ley y dejó al Ejecutivo obligado a promulgarla y ejecutarla.
Sin embargo, el Gobierno nunca aplicó la norma. El argumento oficial fue que el proyecto no establecía de manera expresa de dónde surgirían los fondos para financiar las mejoras previstas para el sector de discapacidad. Ese planteo fue rechazado por la Justicia en diciembre pasado, cuando se ordenó la aplicación inmediata de la ley. Esa decisión fue apelada por el Ejecutivo.
En la resolución dictada este martes, el juez González Charvay señaló que, habiendo transcurrido 30 días desde la presentación del recurso de apelación por parte del Gobierno, “la ley en trato deberá estar en plena ejecución” en un plazo de cinco días, “sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”, dejando en claro que la apelación no suspende la obligación de cumplir con la norma.
El conflicto institucional se profundizó a finales del mes pasado, cuando el Gobierno intentó derogar la ley de emergencia en discapacidad a través del Presupuesto 2026. Esa iniciativa fue bloqueada nuevamente por el Congreso, que modificó el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para eliminar el capítulo que buscaba derogar la norma. En la misma revisión, los legisladores también quitaron un artículo que pretendía derogar la ley que obliga a aumentar los fondos para las universidades públicas.
De esta manera, la Justicia volvió a marcar un límite al Ejecutivo y reafirmó la vigencia obligatoria de una ley sancionada por el Congreso, en un contexto de creciente tensión institucional entre los poderes del Estado.
