El actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), enfrenta dos causas penales graves que deberían resolverse en 2026, aunque una de ellas viene siendo dilatada reiteradamente por su abogado defensor, Carlos Guillermo Reggiardo.
Rossi arrastra además una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito —3 años de prisión condicional— tras comprobarse movimientos por varios millones de dólares en cuentas en Uruguay a nombre de su madre y su exesposa, y por donde habrían transitado más de 90 millones de dólares tras la privatización del frigorífico Santa Elena en 1990. Esa condena complica aún más la situación de un intendente en ejercicio.
Por segunda vez en 2025 se suspendió el juicio oral contra Rossi por presuntos sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras ejecutada en 2014. El problema es complejo: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso había sido fijado con un tribunal integrado por María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio, pero surgió un planteo de la defensa de Rossi, a cargo de Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a Castagno tras un entredicho en una audiencia en el que la magistrada lo denunció por amenazas.
La especialidad del abogado Reggiardo —suspendido por varios meses el año pasado por el Colegio de la Abogacía tras diversas denuncias— parece ser presentar recusaciones contra jueces y fiscales, postergando causas y generando inquietud en ámbitos judiciales. Lo hizo en el expediente de Rossi, con su mano derecha el dirigente “Pichi” Blázquez, y en procesos en los que él mismo está involucrado.
Reggiardo, además de su actividad profesional, se presenta como periodista y lo ejerce a través de páginas web —es uno de los dueños de los sitios La Caldera y Entrerios24, financiados por Rossi— y canales de YouTube, donde habla de sí mismo, denuncia supuestos hechos de corrupción y ataca a quienes cuestionan a Rossi o a él, sin referirse a otros personajes señalados por corrupción como Urribarri o el propio intendente de Santa Elena. Es funcionario municipal en asuntos legales y además tiene un contrato en el Senado provincial; hasta el año pasado también fue contratada su madre, Irma Liliana Werbrauck, por la senadora Patricia Díaz (esposa de Rossi).
En la causa contra Rossi se investiga el presunto pago de sobreprecios en la obra de pavimentación de 2014. Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi, sino su concuñado Silvio Moreyra (PJ), quien al año de asumir denunció, a través del abogado Guillermo Mulet, la sospecha de sobreprecios en la gestión anterior. El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión a juicio. Fiscalía sostuvo que durante la gestión de Rossi el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de 20 millones de pesos por la pavimentación de 20 cuadras, cuando el costo máximo de mercado era de 18 millones y el mínimo de 14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional “Más Cerca”.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba a Néstor Juan Szczech y al ingeniero Carlos Alberto Lescano, imputados como partícipes necesarios de peculado y falsificación de documentos públicos.
Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa: María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero Rubén Clivio Benítez falleció durante la investigación. A Rossi se le imputan los delitos de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en carácter de autor.
La segunda causa que involucra a Rossi, junto a su esposa la senadora provincial Patricia Díaz, investiga enriquecimiento ilícito. La Fiscalía detectó cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008. Esta pesquisa se suma a la condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito, cuando recibió 3 años de prisión condicional.
Un año decisivo para la justicia entrerriana
La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos. Las condenas que se dicten en 2026 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, después de más de una década de presunta corrupción sistémica que habría implicado el desvío de millones de dólares del erario público.
La justicia deberá pronunciarse sobre casos que van desde enriquecimiento patrimonial inexplicable hasta direccionamiento de obra pública, pasando por esquemas de testaferros y negociaciones incompatibles con la función pública que, según las imputaciones, afectaron las arcas provinciales durante años. En septiembre/agosto del corriente año será recordado como el momento en que muchas de estas investigaciones llegaron a su punto de no retorno.
