La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, con las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.
El grupo Vicentin la gestionó hasta hace dos años y medio, desde que la cooperativa se la cedió en 2016 por US$ 100 millones. Aunque en los primeros años, participaron fondos como BAF Capital, vinculado al grupo de la familia Vicentin, ahora era gerenciada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que manejan La Suipachense mediante Maralac S.A.
Con el fallo del juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, se cierra un extenso proceso que arrastró conflictos desde el nacimiento de la empresa y que Vicentin Family Group intentó despegar del concurso del gigante cerealero bajo su órbita. En ese sentido, ARSA no tuvo relación societaria con Vicentin SAIC.
Tras decretar la quiebra, la Justicia dispuso la liquidación final de la firma y el cierre de las instalaciones, que deja a más de 400 trabajadores en una situación incierta: la planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, empleaba a 180 personas y 200 más se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución de Córdoba. A su vez, su red logística estaba compuesta por 165 distribuidores que llegan a 70.000 comercios de forma semanal.
La disolución de la empresa se activó después del concurso fallido que se abrió en abril de 2024. Pese a que circularon nombres de supuestos interesados –entre ellos, el fondo dueño de Havanna, Inverlat; y Werthein y CarVal–, no apareció ningún oferente para el salvataje, la instancia que habilitaba a terceros a quedarse con la firma y sostener la producción.
Cuando se presentó a concurso, ARSA apuntó contra la situación económica de entonces, con caída del consumo y una arrastre de inflación que encarecía la materia prima y mano de obra, sumado a políticas del anterior gobierno que enumeró, como el control de precios.
Pero en la industria sostienen que la crisis de la láctea no se explica por los problemas del sector. Su caída responde a años de ineficiencia en la gestión, destacan, y hablan de una “quiebra fraudulenta”. Señalan que el concurso de acreedores no se tramitó de forma completa ni transparente.
En ese sentido, a lo largo del recorrido, Atilra denunció múltiples incumplimientos, pero el mayor golpe fue en mayo, cuando la compañía aseguró que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Pero la esperada reactivación no llegó: no se retomó la actividad ni se pagaron las obligaciones pendientes, lo que aceleró el desenlace de la quiebra, sostuvo el gremio.
Los empleados aseguraron que cobraron sueldos irregulares, parciales y atrasados. Denunciaron que, en los meses finales, apenas se abonó un cuarto del salario y en efectivo, pese a que el personal trabajaba jornadas completas. “A esto se sumaron tres años y medio sin aportes a la obra social”, resaltaron fuentes sindicales, y agregaron que varios ya se dieron por despedidos antes de que se decrete la quiebra.
