El Gobierno de Entre Ríos dispuso la suspensión de las alícuotas correspondientes al recargo sobre la venta de energía eléctrica durante todo el año 2026, con el objetivo de mitigar el impacto de los aumentos tarifarios en los usuarios. La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial provincial.
La medida estableció que el recargo provincial aplicado sobre la facturación del consumo eléctrico no será cobrado desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Dicho recargo integra el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos y se aplica habitualmente a los usuarios a través de las empresas distribuidoras del servicio.
Según se detalló en los considerandos del decreto, la decisión se enmarcó en la continuidad de la emergencia energética nacional y en el proceso de reestructuración de subsidios impulsado por el Gobierno Nacional, que derivó en incrementos del costo mayorista de la energía y, en consecuencia, en subas en la tarifa final que pagan los usuarios.
Desde el Ejecutivo provincial se indicó que la suspensión del recargo forma parte de un conjunto de medidas orientadas a contener el impacto de la transición energética y evitar nuevos aumentos en la tarifa eléctrica, al menos en los componentes de determinación provincial.
El decreto recordó que la Provincia ya había dispuesto suspensiones similares durante 2024 y 2025 y resolvió dar continuidad a esa política durante 2026, ante la persistencia del contexto de emergencia en el sector energético. Además, se destacó que la recaudación del recargo incide directamente en la factura mensual de los usuarios residenciales.
La norma también instruyó al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) a notificar a todas las concesionarias del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica de la provincia sobre los alcances de la medida, a fin de garantizar su correcta aplicación.
En paralelo, se estableció que la Secretaría de Energía, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las obras eléctricas y gasíferas que se financian con el Fondo de Desarrollo Energético. En caso de ser necesario, dichas obras podrán ser cubiertas con recursos del Tesoro Provincial, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la suspensión del recargo se suma a otras políticas de protección a los usuarios, como el sostenimiento de la Tarifa Eléctrica Social, los beneficios para electrodependientes, instituciones educativas, bomberos voluntarios y entidades sin fines de lucro, así como el congelamiento del Valor Agregado de Distribución y la contención de aumentos durante períodos de alta demanda energética.
La medida se inscribió dentro de las facultades del Poder Ejecutivo provincial para definir la política energética y garantizar el acceso al servicio eléctrico como un derecho esencial para el desarrollo social y económico de la población entrerriana
