Los trabajadores de la granja avícola Tres Arroyos aceptaron una propuesta de la empresa para evitar despidos en medio de la crisis productiva, que incluye la reducción de la faena y una disminución en los ingresos durante los próximos meses.
Según confirmó el secretario de la Carne, Sergio Vereda, en asamblea, se resolvió acompañar el acuerdo ante la falta de alternativas, en un contexto marcado por la escasez de pollo para procesar. La medida establece que durante seis meses no habrá actividad los días lunes.
El dirigente explicó a La Pirámide que los días no trabajados serán abonados entre el 60% y el 75% del valor habitual, con un promedio cercano al 65% del salario. “Va a perder un poco de plata la gente, pero por suerte pudimos lograr que se abone el 65% del sueldo”, señaló.
Falta de producción y medidas para sostener el empleo
Vereda indicó que la decisión se tomó ante la imposibilidad de sostener el nivel de producción actual. “No había muchas opciones, era aceptar esto o despidos. No hay pollo para faenar”, afirmó.
En ese marco, sostuvo que el objetivo principal fue preservar las fuentes de trabajo, aun cuando implique una reducción en los ingresos. También destacó que se comenzaron a abonar los salarios adeudados y se recuperaron los días caídos durante el conflicto reciente.
El dirigente describió un escenario de incertidumbre respecto al futuro de la empresa. “Se va tirando como se puede, es el día a día”, expresó.
Embargo de cuentas y tensión por los salarios
En paralelo, la situación se agravó luego de que el Municipio de Concepción del Uruguay embargara las cuentas de la empresa por una deuda cercana a los 1.000 millones de pesos, correspondiente al incumplimiento en el pago de tasas durante los últimos dos años.
La medida judicial se dio en el momento en que la firma debía afrontar el pago de la quincena, lo que generó preocupación entre los trabajadores. Ante este escenario, el intendente solicitó al juez que se liberen los fondos para garantizar el cobro de los salarios.
Desde el municipio se argumentó que la prioridad era resguardar la situación de las familias que dependen de la actividad de la planta avícola, en medio de una crisis que combina caída de producción, ajustes laborales y dificultades financieras.
La evolución del conflicto es seguida de cerca por el gremio, los trabajadores y las autoridades, mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad en el sector.
