El Gobierno nacional eliminó definitivamente el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. A través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, el Ejecutivo avanzó con la derogación masiva de todo el entramado normativo y reglamentario que le daba sustento a esta herramienta.
De esta manera, el gobierno de Milei formalizó la eliminación de las regulaciones que ya habían quedado sin efecto práctico tras la liquidación del fideicomiso. La resolución, que lleva la firma del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, argumentó que busca depurar un sistema burocrático obsoleto.
En los considerandos de la norma oficial, el Gobierno explicó: “Habiéndose dispuesto la revocación del contrato y la consecuente liquidación del fideicomiso del 'Fondo Estabilizador del Trigo Argentino' mediante la Resolución N° 142 de fecha 27 de marzo de 2024 del Ministerio de Economía, toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para la implementación y operatividad de dicho fondo ha quedado carente de objeto y de sustento legal".
La resolución deroga de raíz la histórica Resolución 355 sancionada el 7 de abril de 2022. Cabe recordar que aquella normativa del gobierno de Alberto Fernández había establecido los primeros precios de referencia subsidiados para las distintas bolsas de harina y semolín.
El argumento del gobierno de aquel entonces fue frenar el alza de los precios originado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además de esta norma, la resolución actual eliminó otras casi 20 resoluciones modificatorias directas que, a lo largo de los últimos años, modificaron las condiciones operativas de los molinos y los precios del mercado.
El texto publicado en el Boletín Oficial subrayó que era imperioso formalizar la eliminación de aquellos instrumentos normativos que, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad. Por último, el Ejecutivo sostuvo que la proliferación de reglas ocurrida en el pasado generó una grave inseguridad jurídica para el sector privado.
Por este motivo, la resolución indicó que la eliminación de estas reglamentaciones tiene como objetivo central lograr una gestión “más eficiente de los recursos públicos”. Además, de permitir que el Estado Nacional se enfoque en normativas relevantes, prioritarias y brinde “respuestas más rápidas y transparentes a los ciudadanos".
